Aunque con retraso el Tribunal Supremo se pronunció hace unos días y ha dado la razón al Gobierno de España tumbando la «caprichosa» norma acordada el pasado 16 de enero por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras las recomendaciones de su vicepresidente, Francisco Igea. De forma unilateral, adelantó en dos horas el «toque de queda»  imponiéndonos a los castellanos y leoneses la limitación de un derecho fundamental, la libertad de circulación, mas allá del ámbito horario permitido en el Real Decreto del «estado de alarma». 
Según el presidente Mañueco la decisión de adoptar esta medida extraordinaria fue con el único objetivo de proteger la salud, reducir contagios y salvar vidas. Si el 15 de enero, horas antes de la entrada en vigor de la norma, Castilla y León presentaba una incidencia acumulada de 696 frente a los 508 casos por cada cien mil habitantes, el pasado 15 de febrero, fecha que dejó de estar en vigor  por el fallo del Tribunal Supremo. En este mismo periodo, en cada una de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas, descendieron igualmente la incidencia y el número de casos sin necesidad de recurrir al adelanto exigido por la Junta.
Un mes durante el que nos prohibieron a los habitantes en Castilla y León estar fuera de casa mas allá de las ocho de la tarde, excepto para actividades autorizadas. Acotaron la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de la región. Redujeron la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a cuatro. Ampliaron la desesperación de empresarios y trabajadores de comercios en grandes superficies, gimnasios y restaurantes, a los que «invitaron» a clausurar y de bares y pequeños comercios por imponerles aún más restricciones.
Con ese caprichoso adelanto del «toque de queda» en nuestra Comunidad se pretendía igualmente, como señaló el presidente de la Junta, «reactivar» la economía. No sé de quien, pues todos los sectores afectados desde hace muchos meses con las cambiantes decisiones políticas que se adoptan –desconocemos con qué criterios– solo empujaron una poco más a su ruina. Ahora, quizás como «pataleta» por haberle tumbado el Supremo su decreto, Mañueco les castiga a continuar sin poder servir en el interior y conformarse con las terrazas que no todos tienen y restaurantes, gimnasios y establecimientos de centros comerciales deberán continuar clausurados. ¡Más ruina!
Otra disposición del gobierno regional del pasado mes de enero, igualmente tumbada por el Tribunal Supremo el pasado jueves, fue la de acotar el aforo en los templos, iglesias y lugares de culto a 25 personas. Orden que llevó al arzobispo y obispos de Castilla y León, a muchos fieles y a la Asociación de Abogados Cristianos –solicitó al Supremo la suspensión de la orden– a mostrar su disconformidad  al interpretar que las comunidades autónomas no tienen competencias para restringir derechos fundamentales. Medida que asimismo no se entendía cuando, por ejemplo, en las aulas de los centros escolares con pocos metros cuadrados permanecen varias horas entre veinte y treinta alumnos o en centros culturales donde con espacios no muy grandes se admiten mayores aforos. Era, además, un mandato sin ningún criterio de proporcionalidad, pues no es lo mismo veinticinco personas en una ermita, que en una iglesia o una catedral. 
Tras las últimas declaraciones del cardenal-arzobispo de Valladolid, el abulense Ricardo Blázquez, por esas cortapisas poco antes de conocerse el fallo del Supremo, el vicepresidente Igea algo molesto manifestó justificando esta autoritaria decisión, “tengo mucho respeto por la jerarquía católica, pero tengo más respeto por el mensaje y el mensaje evangélico me lleva a proteger la vida de mis hermanos y yo hago lo que creo tengo que hacer como político y como cristiano”.
 Lo que debería de hacer la Junta, si tanto manifiesta su preocupación por la ciudadania, es dedicarse a cortar con todos los medios esas varias fiestas privadas que se realizan en domicilios –en Ávila también– pisos de alquiler y otros locales. Esas sí son verdaderos centros de contagio ya que reúnen a  muchas personas sin las mínimas medidas de prevención y seguridad.
Pero les es más fácil seguir acorralando a la hostelería, Iglesia, gimnasios, restaurantes y comercios con el pretexto que es ahí donde se originan los contagios cuando, teniéndo clausurados unos y otros con extremas limitaciones, las infecciones han ido en aumento desgraciadamente desde ese «salvar la Navidad» hasta hace unas fechas que están bajando.
Por esta discriminación la hostelería continua con su lógico enfado, las protestas semanales y la intención de recurrir ante los tribunales esas duras restricciones.
Si ello lleva nuevamente a la Junta a retroceder piense en los más perjudicados y dé marcha atrás, pero sin atropellos.