Pedro Sánchez, que ya durante la campaña electoral manifestó "buscaría votos hasta de debajo de las piedras" para evitar se formara un gobierno de coalición entre PP y Vox, una vez que no prosperó la investidura de Núñez Feijoo para hacerse con la presidencia del Gobierno de España, se lanzó, todavía más, a la búsqueda de esos apoyos, al precio que fuera, con el fin de continuar al frente del Ejecutivo y formar, como dijo durante un mitin en Galicia, un gobierno de progreso.
En la "cacería" de esos votos necesarios el Partido Socialista se centró, desde el día en el que El Rey Felipe VI, tras la ronda de contactos con los representantes de los diferentes partidos políticos que ocupan escaños en Las Cortes - ni Junts, ni ERC, ni Bildu, ni el BNG, todos ellos socios de los socialistas, acudieron - le designó oficialmente candidato para ser investido presidente del Gobierno.
Sus 121 escaños no eran suficientes. Necesitaba los 31 de la coalición Sumar, logrados tras la firma de un pacto en el que destaca la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Los seis de Bildu estaban asegurados con un acuerdo en el que el punto de mira es tener el apoyo socialista para ocupar la alcaldía de Pamplona. La diputada del Bloque Nacionalista Gallego firmó un acuerdo a cambio de un impulso del autogobierno, condonación parcial de la deuda pública gallega y otras prebendas. El líder del Partido Nacionalista Vasco, socio prioritario del Gobierno, lo hizo ayer con Pedro Sánchez. Incluye la reclamación histórica de que el Estado reconozca la nación vasca y el traspaso de todas las competencias pendientes. También firmó con Coalición Canaria a cambio de la ejecución de todos los acuerdos pactados y apoyar la "agenda canaria".
Los más duros y exigentes han sido los catalanes. Esquerra Republicana con siete votos exigió, lo han firmado, el reconocimiento de un conflicto en Cataluña con una naturaleza eminentemente política y la necesidad de desjudicializar el mismo. Sellaron un pacto que contempla, además de la ley de amnistía "para todos", la creación de una comisión sobre financiación, el traspaso de los servicios ferroviarios en territorio catalán – como protesta las plantillas de Renfe y Adif han convocado huelga para próximas y significadas fechas - y la condonación de 15.000 millones de euros de la Generalidad. 
Tras muchas reuniones con tiras y aflojas, el jueves se firmó en Bruselas el tan deseado, por los socialistas, acuerdo con el partido del prófugo Puigdemont – siete escaños – para hacer realidad la investidura. En él ambas formaciones constatan que "la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa". Reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos, que van a emprender. Junts mantiene legítimo del resultado del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre de 2027. El PSOE niega esa validez y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral, pero propondrá un referéndum de autodeterminación, amparado en el artículo 92 de la Constitución.
En el acuerdo se "apuesta" por medidas que permitan la autonomía financiera y la cesión del 100% de los tributos a la Generalidad. Una Ley de Amnistía, que incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos, que, desde 2012 hasta la firma del pacto, hayan tenido relación con el proceso. 
El PSOE se compromete a la participación directa de Cataluña en las entidades europeas y organismos internacionales, así como la puesta en marcha de un "mediador internacional", para realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos.» 
Unos pactos, que, seguro, a muchos socialistas disgustan, pero cualquiera dice no a ellos. Les supone perder la "mamandurria" y dejar el codiciado escaño. Tampoco a otra buena parte de españoles, que se manifiestan en las calles pacíficamente, aunque haya habido algunos altercados protagonizados por ultras, por la desigualdad que estos acuerdos y sobre todo la Ley de amnistía provocarán, por perdonar a los culpables y culpabilizar a los tribunales que les juzgaron y condenaron. 
Que no nos haga creer el presidente en funciones que estos acuerdos, pero sobre todo la defensa de la Ley de Amnistía en Cataluña la hace "en el nombre de España, en el interés de España". Su único interés es seguir en La Moncloa y todo le vale. Cuenta con mayoría absoluta de 179 votos. Pedro Sánchez  lo ha logrado pero, eso sí, tragándose sus propias palabras.