Un Estado Social y Democrático de Derecho proclamado constitucionalmente es una conquista de la Sociedad Civil, para defender los valores y principios de la convivencia, estableciendo que al Estado le corresponde defender y promover el bien común de la sociedad civil.
Nosotros hemos decidido que nuestra convivencia nacional se vea fortalecida, enriquecida y defendida al amparo del compromiso constituyente de cada día, en una sociedad de todos para todos. Moralmente y legalmente le corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, soberana y nacionalmente y en casa como parte de la sociedad internacional en la que estamos por derecho propio. 
Los tiempos políticos en una sociedad democrática dejan escrito el compromiso con la Nación y la Constitución española, recogen los resultados de las acciones políticas, económicas y materiales y de cómo nos han resultado los haceres de una sociedad mejor en la vida real y no de imagineros políticos de la irrealidad que andan por las nubes. 
La historia real se recoge en imágenes, sonidos y se dejan por escrito, sin vacíos de memorias democráticas, ni por censores ni guionistas en discurso de turno. El soberano elector dispone y opina acerca de cómo se ha cumplido con las reglas del sentido común, con el derecho a tener una vida mejor, trabajo, economía y la vida de cada día en trabajo y economía con tranquilidad para la familia en casa, barrio, pueblo, ciudad y comunidad, con las promesas políticas, sociales y económicas, y midiendo realmente cómo se han desarrollado y llevado a cabo con inteligencia y razón de Estado, en la verdadera encuesta y real estadística de la vida en paz.
En la dimensión de las estadísticas y cifras en un Estado Social, el soberano juez elector analiza, valora y decide, en su derecho a tener una mejor realidad social, economía, riqueza, y respeto de las reglas de actuación política y material; aquí nos encontramos todos juntos, para con la Constitución y nuestro amparo y con las promesas firmadas con el pueblo soberano español, y todos protagonistas midiendo los resultados de la actuación política, en el tribunal de la historia y en ejercicio del derecho a ver cumplidas las promesas. 
La mayoría no suele equivocarse en su acción soberana popular, tal y como viene haciendo en cada etapa electoral, en su compromiso constitucional con la acción política y valorar su acción y resultados sociales, materiales y políticos. 
Moralmente, las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados, como compromiso adquirido con el pueblo español y en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente y constitucionalmente justo y legítimo. 
Podemos citar parte del preámbulo de nuestra Constitución (hay que repasarla) para comprender la importancia que tiene vivir amparados nuestros derechos, deberes y que de verdad se amparen, cumpliendo con las obligaciones constitucionales y con la responsabilidad de los compromisos asumidos por la acción política: 
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada. 
El compromiso de la acción política con la Constitución debe ser llevado a buen fin. La ciudadanía, la Nación española en vidas soberanas, es la base de todo el sistema social y político y en derecho se vote o no, o se abstenga; paga, contribuye y tiene el derecho a que los intereses soberanos sean rigurosamente observados. Los hechos cuentan, desde el principio hasta el fin de mes, las cosas de la gestión económica, laboral y política; lo razonable es actuar de buena fe, sin desvíos ni indecencias ni abusos; bajo la luz ideal de dirigir y organizar con inteligencia y con la razón soberana del respeto del pueblo español, sin chapuzas ni abusos, ni iluminados. Las decisiones y acciones políticas son compromiso con la comunidad de ciudadanos soberanos y los resultados quedan para lección en la historia y sin líos ni olvidos y en la hemeroteca de nuestro Diario para repasar.