El Partido Popular ha convocado a los ciudadanos españoles a salir a las calles y plazas de nuestro país este domingo para protestar por la ley de amnistía y el conjunto de medidas que el Partido Socialista negocia con el líder de la formación independentista Junts, Carles Puigdemont, para asegurarse sus votos en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. 
No hace falta detenerse en la tormentosa polémica que divide a nuestro país en torno a estas negociaciones, ni cuánto ese pacto divide a la sociedad española hasta límites insoportables. No se escribe este artículo para animar a la asistencia a esta convocatoria ni para condenarla ¡faltaría más!. El derecho a la manifestación es una de las conquistas políticas más importantes de nuestra democracia y su ejecución pacífica una competencia y hasta una obligación del ciudadano de manera personal y responsable.
Todos somos conscientes de la compleja situación y la parálisis en que se encuentra la política española después de los resultados electorales del 28 de julio, que se saldaron sin una mayoría clara y el Parlamento dividido en dos grandes bloques, con una suma muy parecida de escaños. Fracasó Alberto Núñez Feijoo, el candidato del Partido Popular en su intento de investidura, y Pedro Sánchez necesita del apoyo de Sumar, de Bildu, el PNV, Esquerra Republicana de Cataluña, algunos otros partidos muy minoritarios y, finalmente Junts para sumar el número mágico de 176 escaños. Nadie tiene por tanto el apoyo mayoritario de la sociedad. Hay que negociar.
Las contrapartidas que los independentistas catalanes, liderados por Puigdemont, exigen en torno a la Amnistía, retuercen la Constitución hasta unos límites que desconocemos, entre otras cosas por el secretismo y la opacidad de unas conversaciones de las que a la ciudadanía se informa con cuentagotas. Y la actitud del independentismo no es de concordia, no parece pasar página, sino que anuncia con cierta arrogancia su disposición a seguir adelante con su hoja de ruta hacia la independencia, tensionando a su interlocutor, que depende de un personaje poco fiable e interesado en demostrar que es él quien tiene la sartén por el mango.
En medio de este panorama, nadie puede honestamente criticar la preocupación o el rechazo de muchos ciudadanos. Salir a la calle y manifestarse pacíficamente es un derecho de todos. Lo inaceptable es el ataque a sedes de partidos o cualquier otra forma de violencia. En la violencia se pierden todas las razones y se abren caminos que pueden llevar a la sociedad a enfrentamientos en los que todos perdemos.
Las manifestaciones se producirán y veremos qué repercusión real tienen. Y aquí es donde debe entrar el sentido común, la sensatez y la voluntad democrática que se suponen en nuestros representantes políticos. Sería conveniente que, más allá de la descalificación o la manipulación de la respuesta ciudadana, se escuchara a los ciudadanos. Si ésta es verdaderamente numerosa, no se debería despachar con el argumento de que se trata de un pataleo de la derecha o de la izquierda, de azules o de rojos.   Me pregunto si se pueden tomar decisiones tan importantes contra un alto porcentaje de la ciudadanía sin buscar un cierto grado de consenso social. Reclamo más imaginación y más generosidad por parte de los líderes políticos.  En otros momentos más graves y todavía recientes de nuestra historia, el acuerdo, la concordia fue posible. ¿Recuerdan?. ¿Porqué ahora no?. 
Es evidente que nuestro país necesita un gobierno. Para formarlo, sería interesante escuchar a la gente corriente, la que no tiene más interés que salir adelante a fin de mes, y no fomentar la polarización, no empujarles hacia los extremos, echarle generosidad e imaginación al asunto y proponer alternativas que no sean la elección entre dos incendios. Sorpréndannos por una vez y escuchen a la gente. Y mañana, respeto para todo el mundo. Es la única forma de exigirlo para nosotros mismos con toda la razón.