Por delante una semana que acabará con la discutida investidura del presidente del Gobierno acompañada de unas protestas callejeras –tan legítimas como inútiles– que se irán apagando según se acerquen las fechas navideñas (cava o champagne) y más allá, pues el día a día de los ciudadanos está centrado en cuestiones domésticas –trabajo, familia, vacaciones– y esto lo saben todos los actores principales de uno y otro lado.
Al margen del devenir de los acontecimientos, más allá de la propia amnistía, de las hipotéticas nacionalidades independientes o incluso de los injustos transvases económicos, lo que está a punto de acontecer es un punto de inflexión que va a dañar un modelo de convivencia que si está siendo percibido por una sociedad de frágil memoria. Estos días he podido comentar y discrepar con personas más afines a las tesis socialistas cuya síntesis es que el fin justifica los medios (ese presumible fin actual no responde a los superiores intereses generales, ni siquiera lo demandan los ciudadanos). Todo lo que está aconteciendo es tan simple como dejar abierta una puerta, de par en par, por donde puede entrar cualquier especulación. Esa puerta tenía un apropiado candado de igual protección al de las democracias más desarrolladas, pero el candado se ha reventado.  
La pena de muerte no forma parte de nuestro estado de derecho, ni siquiera en tiempos de guerra. No la ampara la Constitución –expresamente la abole– (art. 15), ni tampoco ninguna norma penal posterior. La cadena perpetua tampoco se aplica a los reos los cuales gozan del derecho de reinserción, si bien hace apenas ocho años se aprobó la prisión permanente revisable para determinados delitos y contó con la oposición de todo el arco parlamentario, incluido las actuales formaciones que amparan la actual indulgencia independentista. 
La puerta abierta ahora por el partido socialista (votantes y simpatizantes deben ser conscientes de ello), y más por su líder, crea un precedente nada garantista para los derechos y deberes que ampara nuestro estado de derecho e incluso legitimaria a futuro que cualquier otro partido, que tras un proceso electoral necesite un puñado de votos, pudiera llegar a ceder a la pena de muerte, la cadena perpetua u otros derechos esenciales si esa fuera la exigencia del «prestamista» de votos. Imperdonable.  Nadie en el escenario actual puede asegurar que lo que se propugna constitucionalmente como indisoluble unidad de la Nación española (art. 2) se mantenga frente a la autocracia de un puñado de escaños. Una temeridad inexplicable y no excusable por el frágil argumento de por si acaso funciona. No funcionara, pues tenemos, ya, ejemplos de que la voracidad, con las puertas tan abiertas, nunca se sacia.  
Desde Ávila el debate nacional (inservible a las necesidades abulenses) es lógico que se perciba como un ultraje y si me apuran como un insulto a lo que desde las estribaciones de Gredos se entregó a un país hace cuarenta y cinco años. Los abulenses que no hemos sabido defender como deberíamos lo nuestro, sin embargo, si llevamos desde hace casi medio siglo con orgullo que aquí se pariera la norma que ha permitido la convivencia y el bienestar social, a pesar de las incesantes embestidas, y que además fuera un paisano quien primero la defendiera y protegiera. Suarez, hombre de provincia, fue la llave de una puerta que hizo cambiar de un régimen autoritario a una democracia plena para todos. Aquello si fue progresista. La gran diferencia.