Teresa de Calcula dedicó su vida a los moribundos, desamparados y enfermos de lepra o sida. Cuando un periodista norteamericano la vio atendiendo a un enfermo con heridas hediondas, le dijo que él no haría eso ni por un millón de dólares. «Por un millón de dólares tampoco lo haría yo» contestó la religiosa, que con la curación inexplicable de un hombre con hidrocefalia y abscesos cerebrales fue declarada Santa.
 Cuando aún no hemos superado la pandemia provocada por el Coronavirus –quedan aún muchos meses–, 202 votos a favor –emitidos en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo– permiten al Reino de España ser uno de los siete países que incorporan la eutanasia activa, pues la eutanasia pasiva de una u otra forma ya estaba arraigada entre una población que convive con diagnósticos irreversibles y padecimientos incurables.
Los médicos, sanitarios y científicos llevan un año buscando remedios para salvar más vidas de las que ya se ha llevado el Covid-19. Las Ucis han estado desbordadas o están repletas de gente sedada, intubada y boca abajo durante semanas. Mientras eso sucedía, en el Parlamento se tramitaba la Ley Orgánica que va a permitir, según los proponentes de la norma, morir dignamente siendo cuestionable que sea digno morir bajo petición o a la demanda. 
La dignidad de la persona es fundamento del orden político y la paz social como establece la Constitución. En estricto ámbito de derecho positivo no me parece, con todo lo que está sucediendo, que este haya sido el momento oportuno –medidas sanitarias paliativas y vacunas,  movilidad restrictiva y limitativa, inactividad económica, etc.– para tramitar una Ley que hubiera necesitado de una consulta pública al amparo del art. 92 CE: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo –vinculante– de todos los ciudadanos». La forma elegida da carta de naturaleza a un relativismo que desecha el acompañamiento humano.
La permanencia de España en la OTAN, el tratado sobre la Constitución Europea, los Estatutos de Autonomía, la ley de la Jefatura del Estado, la de Reforma Política o incluso el propio proyecto de Constitución, de menor entidad que la vida humana, fueron objeto de referéndums realizados en España. El legislador se ha querido evitar un posible rechazo a una norma cuyo encaje personal puede ser innegable –el ciudadano es mayor de edad–, pero es cuestionable, rebatible social y globalmente. Así lo han entendido en Portugal y en otros países más progresistas. 
Con acierto se reclamaba en el mismo hemiciclo político mayores medios para combatir y frenar los efectos de la enfermedad mental acrecentados por la pandemia y a nadie se le ocurrió proponer facilitar el suicidio. La Ley del Jurado, aún hoy, nunca ha sido bien acogida por los ciudadanos para condenar o absolver penalmente y sigue dando inseguridades. La pena de muerte, que otros países más democráticos regulan, nunca se han consideró aquí afortunadamente  –a pesar del tiro en la nuca–.
Este nuevo derecho individual –no da respuesta al problema de la vida humana–, que sin embargo afecta a otros muchos, será una realidad dentro de tres meses cuando entre en vigor la ley ya publicada en el BOE. El sufrimiento que pretende combatir –caso por caso, contexto a contexto– nos dará el nivel de su aceptación, dudas o rechazos mientras el derecho natural seguirá imponiendo a los Estados proteger la vida como un bien humano en sí mismo, pues el actuar humano parte de hacer el bien y evitar el mal.