La mayoría de las fuerzas políticas castellanas se han unido en torno al llamado pacto de reconstrucción o de recuperación para tratar de paliar los efectos de la crisis del coronavirus (documento algo oculto, difícilmente localizable y nada visible en la web corporativa de la Junta).  Populares (Mañueco) y Socialistas (Tudanca) se daban un «si quiero», junto al resto de fuerzas políticas minoritarias a excepción de Vox –nunca está– y el partido leonesista al que quizás no le falte razón cuando alega que son medidas vagas, poco concretas y solo voluntaristas. 
Sería extenso analizar cada una de las 86 medidas y 1.100 millones. Habrán de tener un estricto seguimiento para ver su cumplimiento real y donde destaca una promesa incumplida. El pacto de gobierno PP-Cs imponía la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. La medida 84 del nuevo pacto ahora se retracta de esa promesa y deja en stand by dicha eliminación fiscal justo cuando más fallecidos (más de 2000 nuevos) se ha cobrado el virus. Casualidad o intencionalidad. Parece que la «pela», sigue siendo la «pela», para un territorio que necesita atractivos fiscales para no perder inversiones, ni ahorros y poder atraer capitales. Una oportunidad perdida –marcha atrás– para ser competitivos con autonomías limítrofes.
Este pacto (imposible hace un año por  cierto resentimiento del partido más votado –PSOE– que no alcanzó un acuerdo con Cs para gobernar), ha sido factible por un virus que confinó a los castellanos y se llevó a muchos antes de tiempo. Ha habido un aparente consenso –necesidad recíproca– y una responsabilidad de los representantes de los partidos políticos regionales por ir al unísono, pues son sabedores que es la única manera para que el «populacho» no se le eche a la yugular cuando llegue el invierno. Efectivo o no lo veremos en el día a día.
No obstante el pacto, la pandemia y su gestión me han suscitado dos cuestiones. Cada día es más evidente la coexistencia de dos gobiernos regionales conformados por Mañueco y sus consejeros e Igea y los suyos (dos cabezas) y ello se ha destapado en esta pandemia. El pacto fraguado me hace alumbrar una vuelta al bipartidismo del que soy partidario. Pudiendo estar equivocado, la vigente transitoriedad, parece encaminada hacia la vuelta a un modelo de mayor estabilidad siendo ese pacto firmado la primera piedra de algo más, aunque la última palabra la tendrán las urnas.
La segunda cuestión está relacionada con el propio modelo territorial. Esta pandemia y sus múltiples consecuencias sociales y en gran medida económicas, me ha provocado la duda de si se han superado los límites autonómicos para adentrarnos (donde han quedado las funciones del Gobierno) en algo próximo a un cierto federalismo –debería ser simétrico– y no como ahora con un modelo autonómico asimétrico, pues la recentralización es algo descartado.
 La desescalada ha sido variopinta y cada territorio ha aplicado medidas económicas y fiscales dispares para situaciones equivalentes, los muertos y los contagiados son de cada uno. A ello se suma la imagen vista del plasma de los domingos (17 Presidentes a 1 con sus banderas de guardaespaldas) y los distintos boletines oficiales al día siguiente. Se me puede argumentar que esa es la descentralización que impone la Constitución, pero he visto cosas que exceden el modelo autonómico actual. Ahí lo dejo de momento.