El derecho a huelga de los funcionarios está regulado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público siempre que se mantengan los servicios esenciales a la sociedad, cuestión que no se cumple en la mayoría de las ocasiones. Así lo corroboran las nueve semanas de huelga que recientemente han mantenido los letrados de la Administración de Justicia, lo que ha supuesto en la práctica la suspensión de más de 356.000 juicios y vistas, por no hablar de las más de 424.000 demandas sin tramitar.

A lo anterior hay que sumar, además, los casi 1.300 millones de euros de la cuenta de consignaciones, cuya gestión depende de estos funcionarios públicos y que a fecha de hoy está pendiente de la distribución entre sus beneficiarios.

Esta desesperante situación viene a sumarse a la atávica e inexplicable lentitud con la que se mueven los asuntos judiciales en este país. Un caos que tardará meses y meses en resolverse, amén de los quebrantos económicos que supone a demandantes, despachos de abogados y profesiones relacionados con esta actividad.

Pero, como dice el dicho popular, "si éramos pocos parió la abuela", porque la cosa no parece que quedará aquí. Los funcionarios de Justicia anuncian una huelga indefinida para los próximos días, convocatoria a que podrían incluso sumarse jueces y fiscales.

Si este anuncio se hace realidad, vayan pensando en el escandaloso parón judicial que se avecina y, lo que es peor, en los años de retraso que una huelga de estas dimensiones va a causar en las resoluciones de dictámenes y sentencias, con sus estratosféricas consecuencias a todos los niveles.

Y si esto ya es de por sí un escenario casi impensable, imaginen el tremendo desaguisado en ciernes si también acaban por cumplirse las amenazas de brazos caídos de los funcionarios de la Seguridad Social y de otros servicios públicos.

Como es notorio, del nefasto alcance de una probable parálisis administrativa de estas dimensiones no se habla en los mítines, pero que nadie dude de que los nubarrones están ahí para cercenar los derechos del conjunto de los administrados.