El conocimiento de la edad, clave en el juicio de abuso

B.M
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Fiscalía y acusación piden 21 años (por abuso y material pornográfico) y la defensa la libre absolución

El conocimiento de la edad, clave en el juicio de abuso - Foto: David González

La Audiencia Provincial de Ávila celebró este miércoles un juicio en el que se acusa a J.R.G. de los delitos de abuso sexual a una menor de 16 años y elaboración y posesión de material pornográfico por lo que se piden penas de 12 y 9 años de cárcel respectivamente (21 en total) por la Fiscalía y la acusación particular mientras que la defensa pide la libre absolución alegando, entre otras cosas, el desconocimiento de la edad de la chica cuando mantuvieron las relaciones sexuales.

Precisamente el conocimiento o no de la edad en el momento de los hechos fue una de las claves de este juicio que ya quedó visto para sentencia.

Entre los hechos que se relataban se encontraba la relación que mantuvo el acusado, en el momento de los actos con 45 años de edad y la chica, entonces con entre 14 y 15 años, reconociendo ambos que mantenían una relación sentimental con relaciones sexuales con acceso carnal. En ese momento, según dijo el acusado en su declaración él no conocía la edad y ella le había dicho que tenía 18 años (llegó a decir que le enseñó el DNI pero que no lo miró y que dio por hecho que decía la verdad). Según su versión, se enteraría de edad de la chica meses después cuando la madre y la pareja de ella fueron a su gimnasio (al que la chica había estado acudiendo, al parecer a ayudar en clases, aunque sin estar inscrita) y se lo dijeron, momento en el que, según su versión, terminó la relación que se había mantenido aproximadamente entre enero y marzo de 2021. 

Este punto fue discutido en varias ocasiones durante el juicio, alegándose que la relación continuó, como incluso llevaron a sus conclusiones tanto la fiscalía como la acusación particular, que la alargan hasta diciembre de 2021, incluso después de la denuncia, hablando entre otras cosas del quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Fue un juicio como una «ceremonia de la desmemoria», según llegó a decir el fiscal, puesto que en varias declaraciones, incluyendo la de la supuesta víctima (la denuncia la hizo su madre, no ella), que en varias ocasiones dijo no acordarse de fechas y datos a pesar de lo que declaró en un primer momento. Sí que dijo que lo que hizo fue porque quiso. Lo mismo sucedería con una de las testigos que acudió, amiga de ella y profesora en el gimnasio, sobre si había dicho o no la edad de la joven al acusado. 

Otro de los puntos que se puso sobre la mesa es la grabación de uno o más vídeos de las relaciones sexuales entre acusado y víctima, que forman parte del sumario y que se reconocieron también por ambas partes, indicando ella que era consciente de la grabación. Aunque muy reticente y parca en toda su declaración, sí que llegó a decir que no sabía si el acusado al principio sabía su edad pero que suponía que luego sí, pero que no se acordaba si le dijo que tenía 15 años.

Durante el juicio también declaró la madre de la chica, que fue quien finalmente denunció en agosto de 2021 tras una episodio entre su hija y la exmujer del acusado, así como la pareja de la madre, que habló de una ocasión en la que el acusado fue a verle para intentar que retiraran la denuncia y, según su testimonio, dijo que iba a continuar la relación.

Entre las pruebas estuvo también el informe psicológico que se hizo a la chica y donde las psicólogas plantearon que la joven no quería la denuncia y decía que era consentido. Plantearon las hipótesis de que por madurez no supiera si estaba bien o mal, que no quisiera que él se enfrentara a la pena o que tuviera presión del acusado, aunque no podían comprobarlo. Sí que indicaron, en palabras de las psicólogas, que en la narración la chica dijo que el acusado sabía que era un delito y tenían que tener cuidado y hablaron de que ella era una persona muy vulnerable.

conclusiones. En las conclusiones el fiscal, que en principio solo  había pedido 12 años por abuso sexual a una persona menor de 16 años, se unió a la acusación particular en el delito de elaboración de material pornográfico a una menor de 16 años. En su intervención, el fiscal consideró acreditado que el acusado mantuvo actos sexuales con la chica, que fueron actos con acceso carnal y que se prolongaron en el tiempo. Además recordó que existían los vídeos de la relaciones por lo que no había duda de que existieron. Añadió que el procesado solo dice que no sabía que tenía 15 años pero que debe probarlo y que si no lo demuestra «se habrá caído como un castillo de naipes».

Sin embargo, en su conclusión, el acusado sí conocía la edad y cree que esto está acreditado por varios puntos, entre ellos que no fue un encuentro puntual sino una relación prolongada, que él había dicho que le enseñó el DNI (llegó a decir que si lo miró, se enteró de la edad, y, si no lo miró, debe aceptar las consecuencias de no mirarlo), además de por los testimonios que se dieron y las pruebas presentadas, el informe psicológico o los quebrantamientos del alejamiento. 

Por todo ello pidió la pena de 12 años, a lo que unió la utilización de una menor para elaboración de material pornográfico, además de menos de 16 años, por lo que pide otros nueve años por ese delito.

Solicitó además la prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La acusación mantuvo su petición de penas, con los 12 y 9 años como el fiscal y realizó algunas puntualizaciones, entre ellas que el acusado debía haber hecho más para saber la edad pero no hizo nada. Señaló que es un caso de lo más evidente y con más pruebas.

Por su parte, la defensa pidió la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables de ambos delitos, insistiendo en que no conocía la edad de la chica y que creía que tenía 18 años porque ella se lo había dicho. En cuanto a los vídeos, habló de consentimiento por ambas partes y con un propósito sexual entre dos personas en una relación por su deseo de verse grabados practicando sexo.

Lo que quedó en el aire es el tema de la indemnización en la que la fiscalía pedía 20.000 euros y la acusación 60.000 euros, sobre todo al decir ella que renunciaba a ella durante su declaración.