Denuncian un inicio de catas en el Corneja al margen de la ley

M.E
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Las plataformas explican que la empresa tiene el permiso de investigación Polonia 1.152, aunque "está pendiente de un recurso", y que realizó catas en varios municipios sin tener los permisos para el acceso a las fincas, públicas y privadas

Denuncian un inicio de catas en el Corneja al margen de la ley

Lío en el Valle del Corneja a cuenta de las minas. La Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y la Asociación Vive el Valle del Corneja denuncian que Cerro el Rocil, filial del Grupo Cosentino, inició hace unos días las primeras catas de su proyecto para abrir una mina de cielo abierto en varios de los pueblos del expediente 'Polonia 1.152', El Mirón, Becedillas y Malpartida, una actuación para la que, aseguran, se saltó "el procedimiento legal vigente". Las asociaciones explican que, aunque la empresa cuenta con el permiso de investigación otorgado hace unos meses por la Junta, éste está "pendiente de un recurso" y todavía "no es firme", al entender que debe de ser resuelto por el tribunal competente. Además, ayuntamientos como el de Malpartida y vecinos aseguran que no contaban con los permisos para acceder a las fincas, públicas y privadas, en las que realizaron las catas, de ahí que anuncian denuncias formales, como la que ya interpuso el alcalde de Malpartida. 

Según se relata desde la asociación, fueron los vecinos de El Miron los que se percataron del inicio de estas catas al "comprobar que las máquinas se adentraban en fincas particulares con sacas", con lo que "interceptaron el paso con sus vehículos". Dos geólogos de la empresa, continuaron explicando, "intentaron justificar su presencia argumentando que esa misma mañana habían enviado a los ayuntamientos el permiso correspondiente, pero al mostrar sobre el SIGPAC los terrenos en los que deberían actuar, los vecinos percibieron que el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas estaba desactualizado al ser del año 2020 y, por lo tanto, anterior a la concentración parcelaria".

En este punto "se solicitó la presencia de la Guardia Civil, que acudió desde Muñogalindo. Una vecina aportó la documentación que demostraba la titularidad de su tierra y expresó que no había dado su consentimiento para llevar a cabo las catas. A ello se unió el testimonio telefónico de Chema Sánchez, uno de los abogados de la Plataforma. Los agentes instaron a que se devolviera la tierra a su lugar, algo que no ocurrió con cuatro de las sacas al admitir los representantes de la empresa que estas habían sido extraídas de Becedillas y Malpartida", continúan relatando. 

El alcalde de Malpartida, Ángel López, al comprobar el hecho interpuso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Piedrahíta contra lapromotora y las empresas colaboradoras con la maquinaria, mientras que también se anuncian denuncias por las cuatro catas realizadas en El Mirón (tres en fincas particulares y una del Ayuntamiento) y una por las de Becedillas, ya que la propietaria de otra de las fincas "dio su consentimiento".

Desde la Asociación Vive el Valle del Corneja se señala que la empresa " ha vulnerado el procedimiento establecido en la Ley de Minas, ya que antes de hacer las catas tendrían que haber tenido el permiso de los propietarios". Otra de las vulneraciones, añaden, "viene de la mano de las notificaciones enviadas a los ayuntamientos el mismo día", al entender que debio hacerse "con anterioridad". En este contexto, además, el alcalde de Malpartida afirma que no han recibido ningún escrito. Por otro lado, al tratarse de "un procedimiento judicial abierto", consideran que se han saltado "el procedimiento legal vigente, tanto el administrativo como el judicial, vulnerando los derechos de los particulares y de todas las personas afectadas en el Valle, imponiendo sus intereses sobre los derechos de la población". En concreto detallan que, aunque la Junta desestimó todas las alegaciones interpuestas contra el permiso de investigación concedido, la Asociación Vive el Valle del Corneja presentó demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila contra la desestimación del recurso de alzada. Entonces se pidió la medida cautelar de suspensión que fue denegada por el juzgado, pero se asegura que "se encuentra en trámite de recurso" y se considera que no se pueden llevar a cabo los trabajos de investigación "hasta que haya una resolución firme por el tribunal superior".

A preguntas sobre este asunto el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Ávila trasladó que otorgó el permiso de investigación con fecha 15 de septiembre de 2022, un permiso que "concede a la empresa titular el derecho a realizar los estudios y trabajos encaminados a poner de manifiesto los recursos conforme al proyecto de investigación presentado dentro del perímetro del permiso". En este punto aclaran que este permiso "es independiente de los permisos o licencias que deba obtener el titular para acceder a los terrenos y el otorgamiento se efectúa sin perjuicio de los mismos", de manera que "es la empresa quien deberá gestionar esos permisos por su cuenta y riesgo, siendo un tema ajeno a la Administración minera".