Castilla y León se despide de su único vestigio de energía nuclear: la central de Santa María de Garoña (Burgos). Un proceso que se alargará durante la próxima década con un coste de casi 500 millones de euros después de que ayer el Ministerio para la Transición Ecológica aprobara el inicio del desmantelamiento de la planta, que lleva parada desde el 2012. Decisión tomada a los pies de las elecciones Generales y que sirvió para reabrir el debate sobre la energía nuclear en España a siete días de la cita con las urnas. Gobierno por un lado, y la Junta de Castilla y León y Vox por otro, mostraron sus notables diferencias en este aspecto, tachando la decisión ministerial de «apresurada» desde el Ejecutivo regional, mientras los de Abascal aseguraron que se revertirá si llegan al Gobierno de España.
El pasado año el vicepresidente de la Junta y líder de Vox en la región, Juan García-Gallardo, ordenó un informe para abordar la viabilidad de una posible reapertura de la central. No obstante, los propietarios de la central, Iberdrola y Endesa bajo el nombre Nuclenor, reafirmaron más tarde su decisión de proceder con el desmantelamiento de la instalación burgalesa.
Garoña es «un ejemplo de lo que no debiera volver a ocurrir», afirmó Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, tras conocerse la aprobación del desmantelamiento de la central. «Hoy se da un paso adelante en ese proceso ordenado de cierre con total «responsabilidad, con garantías para la población y con alternativas económicas», explicó la titular ministerial, que recordó que la decisión ha superado la evaluación ambiental del proceso de desmantelamiento seguro y sin riesgo para nadie, ha observado la ministra.
«Es una decisión precipitada e inadecuada», explicaron desde la Junta de Castilla y León a Efe, y lamentaron que se haya producido sin que exista un plan de transición justa específico para la zona de influencia. «Es una decisión administrativa», reiteraron fuentes del Gobierno autonómico, que recalcaron que ya se «trasladó en su momento que no estaban de acuerdo con el cierre de Garoña», una decisión que era «empresarial y política», pues la tomaron las empresas propietarias pero en un contexto político concreto.
Más duro se mostró el número dos de la Junta y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo, quien acusó al Gobierno central de «acelerar» el desmantelamiento «ante la posibilidad de un gobierno integrado por Vox» y avisó que «reconstruirán todo lo que derriben». En este sentido, garantizó que si Vox gobierna en España después de las elecciones paralizará la demolición de la central. «Efectivamente la competencia de Garoña es estatal, y por eso este 23 de julio nos jugamos tanto. Desde la Junta lo que podemos favorecer es debate, es la promoción de la industria nuclear y solo un gobierno con Vox va a evitar su desmantelamiento».
En la misma línea se mostró el consejero de Industria, Mariano Veganzones, también de Vox, que defendió la independencia energética y la reindustriaización de la Comunidad frente a decisiones fruto del «fanatismo climático ideológico» como el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. A su juicio se trata de una decisión «fruto de la época del bipartidismo», y al igual que García-Gallardo, consideró que «Castilla y León cuenta con recursos suficientes que se pueden aprovechar que se pueden reutilizar para generar energía nuclear de manera segura y barata».
Inversiones y empleo
Por su parte, desde el PSOE garantizaron que el desmantelamiento de la planta viene acompañado de diez años de inversiones y creación de empleo en la comarca de Las Merindades (Burgos). La vicesecretaria regional del PSOE, Virginia Barcones, avanzó ayer en una visita a la zona que se van a empezar a lanzar las primeras ofertas de empleo para la contratación «inminente de personal» de cara a inicio del proceso de desmantelamiento. «Por primera vez se ha incluido a todo el entorno de Garoña en los planes de Transición Justa», afirmó, a la vez que destacó que han trabajado para «ofrecer una alternativa económica y social». Desde el PP, su candidato el 23-J por Burgos, Ángel Ibáñez, criticó los «fuegos de artificio» del Gobierno y aseguraron que el cierre de la planta es «el paradigma de las tomaduras de pelo del PSOE».