El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, remitió una carta, con fecha 31 de mayo, a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en la que «asume la gravedad de la situación que ha generado la Junta de Castilla y León con el deterioro del diálogo social». En la misiva, de la que informaron CCOO y UGT, anima a Yolanda Díaz a que «siga tomando las medidas que estén a su alcance y considere pertinentes para contribuir a la restitución del diálogo social tripartito y sus instituciones en la Comunidad».

Los sindicatos recuerdan que, junto a representantes de CEOE,  se reunieron con miembros de la dirección de la OIT en Ginebra el 9 de marzo para denunciar la situación de «deterioro» del diálogo social en la Comunidad, el «incumplimiento» de los acuerdos en vigor y el «desmantelamiento» del Serla. En ese encuentro, señalan, la dirección de la OIT «manifestó su alarma por la deriva de un modelo de diálogo social que el propio organismo había calificado como ejemplar y uno de los más avanzados del mundo».

En este contexto, CCOO y UGT instaron a la Junta y en concreto a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a que «tome en consideración las advertencias que el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, ha trasladado al Gobierno en respuesta a la solicitud que le hicimos el pasado 31 de marzo» derivada del encuentro previo.
En la misiva el director de la OIT pone de manifiesto que la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León «rompe con los mínimos de convivencia laboral que marca una institución como la Organización Internacional del Trabajo», lo que se puede considerar como «una agresión en toda regla a los derechos laborales», exponen los sindicatos.

En la misiva a Yolanda Díaz, aclaran a Ical, expone que «la gravedad de la situación» me hace dirigirme para hacerle partícipe de «mi inquietud, animándole a que siga tomando las medidas que estén a su alcance y considere pertinentes para contribuir a la restitución del diálogo social tripartito y sus instituciones en Castilla y León».
También se alude directamente en la carta a la extinción del Serla y se incide en que «de llevarse a término, iría en dirección opuesta a las recomendaciones de la OIT que propugnan la existencia de organismos de conciliación voluntaria, gratuitos y expeditivos, apropiados a las condiciones nacionales, con objeto de contribuir a la prevención y solución de los conflictos laborales entre empleadores y trabajadores, e igualmente promueven la existencia de organismos de arbitraje».

Los sindicatos CCOO y UGT constatan que «no es la primera vez que un organismo público cuestiona y apela a la Junta». Anteriormente, recuerdan, el Gobierno de España «ya le presentó un requerimiento en dos ocasiones para instarle a que mantenga el Serla como servicio público de mediación entre empresarios y trabajadores».
Asimismo, agregan que el CES europeo se dirigió a la Junta para que «frene la deriva de las políticas públicas así como el desmantelamiento de los mecanismos de participación y diálogo social».

En este momento es la OIT que solicita la intervención del Gobierno, la que «da un nuevo tirón de orejas a la coalición PP-Vox empeñados en ir a contracorriente» del Tribunal Supremo, el CES y los mencionados organismos internacionales, resumen.

Pepe Álvarez.

Ante esta situación, el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, criticó la postura de la Junta sobre el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla). «Qué vergüenza que la OIT tenga que llamar al orden a una comunidad autónoma», manifestó en declaraciones recogidas por Ical durante unas jornadas sobre negociación colectiva y diálogo social en Salamanca.

«Francamente, creo que eso está en manos de los castellanos y leoneses. La Junta tiene una mayoría que le da soporte y que evidentemente se pasa por el forro las decisiones de la Organización Internacional del Trabajo», añadió sobre una cuestión que, según matizó, ha sido requerida «no solo por las organizaciones sindicales, sino también empresariales», y lamentó que «el director general tenga que poner la lupa sobre Castilla y León».

Así, aseguró que Mañueco es quien debería «responder» por estas situaciones que «visualizarán hasta qué punto tienen un efecto extraordinariamente negativo» que, según Álvarez, se cebará con los desempleados. «Se han acabado las políticas de reinserción y trabajar con las personas que están en el desempleo», lamentó.