Un hombre, de iniciales E.J.E.U., ha sido condenado este miércoles a dos años de prisión como autor de un delito contra la salud pública, previsto y penado en el artículo 368.1 del Código Penal, concurriendo la circunstancia atenuante de adicción a las drogas como muy cualificada, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la multa de 5.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un mes. La sentencia ya es firme y fue dictada 'in voce' por el presidente de la Audiencia Provincial después de que las dos partes (fiscalía y defensa) hubieran llegado a un acuerdo previo que rebajó la petición de pena inicial para el acusado y absolvió a la otra acusada del proceso, R.M.R.N., evitando así el juicio.
Según el escrito de acusación, modificado luego con el acuerdo, los hechos ocurrieron en la localidad de La Adrada a principios de 2022, cuando la Guardia Civil tenía sospechas de que los acusados suministraban sustancias estupefacientes a un vecino. Sobre las 11,30 horas del 2 de febrero los acusados salieron de su domicilio en una furgoneta y fueron interceptados por la Guardia Civil. En la inspección ocular se encontró droga oculta en un hueco creado entre la carrocería interior del vehículo y piezas de cartón plástico duro adosadas con tornillos metálicos que se cree tenía como destino la venta. En concreto se hallaron tres paquetes de resina de cannabis, con un peso de 1.449,75 gramos, una pureza del 39% y un precio en el mercado ilícito de casi 3.000 euros, y un paquete de cocaína con un peso de 50 gramos, con una pureza del 77% y un precio de 1.909 euros, unos 9.400 euros en dosis.
Al considerarse que estos hechos eran constitutivos de un delito contra la salud pública, el fiscal pidió inicialmente para los dos acusados cuatro años de prisión y multa de diez mil euros, pena que fue rebajada a dos años de cárcel para el hombre, mientras que se retiraron los cargos contra la mujer. La defensa, por su parte, mostró inicialmente su total disconformidad con este relato, al señalar que los dos acusados no habían realizado ni participado en modo alguno en los hechos que se les imputaban, si bien antes del juicio aceptó la pena de dos años de prisión para el acusado.
Una vez dictada la sentencia, la defensa pidió para E.J.E.U. la suspensión de la entrada en prisión por entender que se cumplían los requisitos, entre ellos la falta de antecedentes. La fiscalía no se opuso, condicionado a no delinquir en un plazo de dos años y a someterse y terminar el tratamiento de desintoxicación. Esta cuestión se resolverá tras la deliberación de la sala.