La Asociación de Abogados Jóvenes de Ávila (Ajavila) hizo su presentación oficial ayer en Ávila con la organización de una ‘Jornada sobre el estado de la Justicia: presente y futuro’, que se desarrolló en la tarde de ayer en el Episcopio se trataba del primer acto público organizado por la Asociación, aunque desde su fundación el pasado año han sido varias las jornadas formativas que han organizado, algunas on line conjuntamente con la Universidad Católica de Ávila.
En esta jornada intervinieron tres miembros de esta joven organización de la abogacía. En primer lugar tomó la palabra la presidenta de la Asociación, Laura Rico Illanes, que presentó un ‘Análisis del funcionamiento de la Justicia española y la figura del abogado joven’. También intervino el secretario de la asociación y 3º diputado del Ilustre Colegio de Abogados, Carlos Hernández Guío, que realizó otra interesante reflexión sobre ‘Las tasas judiciales y el derecho de acceso a la jurisdicción. Efectos sobre los ciudadanos y las Pymes’. El último en intervenir fue Alfredo Sánchez Gómez, tesorero y responsable del Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados.
Laura Rico realizó un análisis de cómo funciona la justicia en general y como afecta a los jóvenes abogados cuando empiezan el ejercicio. El funcionamiento de la justicia. Integran la Asociación unos 35 miembros, incluidos ejercientes y no ejercientes. La presidente reconoció que uno de los primeros problemas que «debemos afrontar son los económicos. Nosotros tenemos que pagar una serie de pagos obligatorios que nos hace un poco cuesta arriba cuando comenzamos, porque no tenemos recursos». Indicó en este sentido que es «por lo que luchamos, para que se reduzcan esas cuotas».
El segundo de los ponentes fue Carlos Hernández Guío, quien abordó el tema de las tasas judiciales, que desde el 1 de marzo no son obligatorias para las personas físicas pero que, según dijo, «el problema sigue ahí para pequeñas y medianas empresas». Indicó que la bogacía se opone a estas tasas, «la sensación de injusticia que tenemos que un cliente no pueda presentar una demanda en el juzgado porque no tenga dinero».
Alfredo Sánchez Gómez intervino en tercer lugar y centró su discurso en la justicia gratuita y quienes son los beneficiarios para poder acceder a la misma de una forma gratuita.
Indicó en este sentido que el baremo de acceso a la justicia gratuita es básicamente económico. Con carácter general se pueden beneficiar de la justicia gratuita una familia media de tres, cuatros miembros, que tendría un límite de unos ingresos anuales de unos 15.900 euros aproximadamente. Sin embargo, para las personas jurídicas está bastante limitada, lo que unido a la ley de tasas, que no se han eliminado para las personas jurídicas, posibilita que estas no tengan un acceso a la jurisdicción como sería deseable, señaló el ponente.