Castilla y León redujo entre 2019 y 2021 un 58,2 por ciento su gasto en rentas mínimas de inserción con motivo de la implantación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno central, lo que supone la tercera mayor bajada a nivel nacional en términos porcentuales, solo superada por la reducción del 61,7% en la Comunidad de Madrid y el 66,7% en Castilla-La Mancha. Una cifra que contrasta con el aumento que supuso el gasto en rentas mínimas de inserción en el conjunto del país, un 2,1% mayor en 2021 que en 2019.Unos datos que se conocieron ayer en el análisis realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, consultado por Ical, que, no obstante, matiza que el «ahorro» en programas de inclusión social por la implantación del IMV se destinó a programas de inclusión social u otras políticas sociales en Castilla y León y Madrid, mientras que en otras comunidades supuso «sin más» una reducción de su gasto social «en un año tan marcado por la crisis sanitaria y social como fue 2021».

En la comparativa entre 2020 y 2021, en términos interanuales, la reducción también su puso un importante porcentaje, del 49%, dado que Castilla y León gastó 25,9 millones menos que en 2020, cuando se invirtió en rentas mínimas de inserción 52,7 millones frente a los 26,8 que se gastaron en 2021. La bajada en este caso es la cuarta a nivel nacional, tras las de Madrid (-56 por ciento), Aragón y Castilla-La Mancha (-53 por ciento).

La situación general de retroceso del gasto en rentas mínimas de inserción en las comunidades, dado que once lo redujeron frente a las seis que lo aumentaron, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde en Castilla y León se redujeron un 48,9 por ciento en 2021 con respecto a 2019 y un 42 por ciento en 2020. En concreto, en Castilla y León existen 15.320 perceptores de rentas mínimas de los 645.317 existentes a nivel nacional.

Una cuantía que apenas representa el 4,43% del porcentaje de población en riesgo de pobreza de la Comunidad, que en Castilla y León se cifra en 345.555 personas. De esta forma, la ratio de perceptores sobre habitantes en riesgo de pobreza es así 2,6 puntos inferior a la media nacional, del 7,13 por ciento, y sitúa a Castilla y León en quinto lugar por la cola.