A principios de este año la portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez, pedía regular los puntos de venta de vehículos de ocasión que ocupan de forma habitual vías públicas de la capital abulense y denunciaba la falta de neutralidad del Consistorio ante este tema. Se hacía así eco la socialista a una demanda de los empresarios del sector de venta de vehículos de ocasión, que lleva años lamentando el daño que estas prácticas suponen no solo para sus negocios sino también el riesgo para los consumidores.
«El equipo de Gobierno debería ser neutral y tratar a todos los abulenses por igual», señalaba entonces Vázquez antes de pedir «un mayor control de la ocupación de la vía pública y que, el uso de la misma, cuente con el mismo criterio para todos los vecinos», en alusión a los puntos de venta de vehículos que «han proliferado por distintas zonas de la capital». Una demanda que también comparten los responsables de concesionarios de ocasión de la capital abulense que entienden que la vía pública «no es una tienda para exponer los vehículos de cara a su promoción y venta» y que igual que «los hosteleros pagan por instalar terrazas» también estos negocios deberían estar obligados al pago de impuestos. Así lo cree Fernando Toribio, responsable de TorysCar, quien apunta que por esa regla de tres «a ningún concesionario nos haría falta tener un local y todos podríamos trabajar de forma clandestina».
«Esto hace daño a los negocios legales», reconoce este empresario que no solo lamenta las operaciones que esta práctica no regulada resta a las empresas que se dedican legalmente a la compra y venta de vehículos de ocasión sino también lo «injusto» que es que sus negocios tengan que pagar impuestos cuando quienes se dedican a vender coches en la calle no lo hacen.
También comparte esta opinión Javier Álvarez, responsable del concesionario Alvalmotor, que ve como a pocos metros de su negocio se aparcan vehículos con carteles de venta en los que siempre figura el mismo número de teléfono, lo que evidencia que no son de un particular.
Es más, asegura Toribio al igual que hacía la socialista, que en muchos ayuntamientos «existe ya una ordenanza» que regula estos extremos de forma similar a como se regula la venta ambulante.
Aunque desde el Ayuntamiento recuerdan que estacionar un vehículo en la vía pública no es ilegal y que en el caso de Ávila no hay normativa municipal específica, apuntan que «se está viendo lo que se está planteando en algunos municipios», donde este tipo de prácticas ya están reguladas.
Y aunque en Ávila no existe normativa y por tanto no es ilegal estacionar vehículos con un cartel de se vende, sí podría ser objeto de sanción circular con un coche con esta cartelería teniendo en cuenta que el Artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación establece que «la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos». Esto podría afectar a los carteles de 'se vende' que en el caso de ir en lunas o cristales sí podrían restar visibilidad, lo que puede ser considerado una infracción grave.
En este sentido, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) elaboró hace algún tiempo un estudio en el que se ponía de manifiesto que «el 92 por ciento de los vehículos que tienen el cartel de 'se vende' en la calle pertenecen a grupos organizados». Por ese y otros motivos, la organización ha puesto en marcha varias campañas ante ayuntamientos de España a través de la que buscaba denunciar el «preocupante aumento» de la venta de coches en las calles de muchas ciudades por parte de «pseudoprofesionales» que se hacen pasar por particulares, así como de la reparación de vehículos en lugares clandestinos.
La Asociación aseguraba además que los automóviles a la venta tenían «numerosas irregularidades» como no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), así como tener cargas financieras, deber impuestos o incluso, en algunos casos, estar embargados.