La inesperada visita de Pedro Sánchez, recién aterrizado de su viaje por Oriente Próximo, a Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos, desató un cúmulo de comentarios: ¿se utiliza la Ley de Memoria Histórica nuevamente como baza electoral?¿Vuelve Franco a ser objeto de combate en los mítines de la izquierda versus la derecha? Esa fotografía del omnipresente presidente del Gobierno de España, rodeado de calaveras, en el laboratorio de la basílica donde los forenses tratan de identificar los restos de fallecidos en la guerra civil, resultaba, por lo imprevisto, incluso desconcertante. ¿Qué se esconde, en realidad, más allá de la pervivencia de las dos Españas, en la guerra por la Ley de memoria histórica, que hace tanto tiempo que debería haberse consensuado?
Yo diría que el tema es mucho más grave de lo que a primera vista pudiera parecer, porque va mucho más allá de las batallas electorales en curso, más allá, incluso, del deseo que pudiera tener Sánchez de ocultar con todo tipo de apariciones sorpresa los verdaderos problemas que tiene en casa, y esto nunca mejor dicho quizá que ahora. Es que hay quien se está empeñando, y no es solo el Gobierno, en mostrar que no hemos cerrado aún ni siquiera las heridas históricas que deberían llevar ochenta años cauterizadas: la pugna cainita, el duelo a garrotazos entre dos concepciones interesadas del país, se extiende hasta resucitar las atrocidades del franquismo, por un lado, y hasta casi reivindicar aquella época oprobiosa, por otro.
Mire usted: el franquismo ya no existe, y la prueba es que hasta allá, en el cementerio de Mingorrubio donde reposan los restos del dictador, no van más que cuatro gatos nostálgicos a venerar una memoria olvidada por completo por el noventa por ciento de la población. El franquismo no existe y la pesadilla de la guerra fratricida de hace ochenta y ocho años debería haber desaparecido. Como no existe ETA, que algunos extremistas insisten en sacar a pasear aprovechando la campaña vasca y las buenas expectativas de Bildu. Son exhumaciones interesadas, un poco falsarias.
El país se ha transformado, hemos entrado en una era de cambios acelerados en todos los órdenes que más valdría que nuestros representantes pusieran más énfasis en encarar, y es hora de que los ciudadanos exijamos a esos representantes y a quienes aspiran a serlo un poco de concordia y acuerdo para construir los ejes fundamentales del futuro. Y eso pasa por dejar zanjado de una vez el pasado. Y aprender algo de nuestra Historia, en lugar de tratar de repetir sus peores pasajes.
A mí, que Sánchez amenace con llevar a la ONU y a la UE la derogación de la memoria democrática en Aragón y las leyes de la concordia en tramitación en Valencia y Castilla y León me parece, qué quiere que le diga, una demasía propagandística. Tan grande como la que supone que dos de los parlamentos de dos de esas comunidades, presididos, en aras de los acuerdos con el PP, por personajes que incluso en Vox se consideran extremistas, lo que traten de exhumar en realidad sean los restos del franquismo para agitarlos ante el Ejecutivo socialista actual.
A lo que estamos asistiendo, en el fondo, es a un conflicto territorial en las instituciones autonómicas en toda su magnitud; un conflicto que temo que se reflejará el lunes con la lista de presencias y ausencias cuando, en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, los presidentes autonómicos, 'algunos' presidentes autonómicos, hablen sobre la ley de amnistía.
Porque, mucho más que cualquier otra cuestión de las muchas que dividen a las dos Españas, es la amnistía la que ahora las parte por el eje, la que puede consagrar una definitiva quiebra en la separación de poderes, en la inseguridad jurídica, en el incumplimiento de las leyes y de la propia Constitución, y que ahora amenaza estar en el vértice de la desarmonía territorial.
No porque la cuestión vaya a tener más o menos protagonismo en la guerra, sin precedentes, entre las dos Cámaras legislativas, ni porque vaya a ser una de las cuestiones de las que nadie habla y todos piensan en la campaña electoral catalana, sino porque los territorios van a plantear la guerra ideológica basándola en la amnistía. Y la sesión del lunes en el Senado, donde el único ganador va a ser el president de la Generalitat, Pere Aragonés, que allá irá a hacer 'su' campaña, lo va a dejar muy claro.
Vistas así las cosas, el deterioro institucional es, en suma, mucho mayor de lo que podría mostrar un análisis superficial. Todo está afectado: los tres poderes clásicos de Montesquieu, el equilibrio autonómico, los contrapesos democráticos, el propio concepto de si se cumple o no la Constitución.
Si por algo merecería la pena traer aquí y ahora la memoria, execrable para la Historia, del dictador, es para decir que Franco estaría encantado de ver cómo se va corrompiendo la democracia que tan trabajosamente hicimos entre todos durante más de cuarenta años. Casi los mismos que el llamado caudillo había invertido antes en arrasar con cualquier vestigio democrático. Algo debemos estar haciendo todos mal aquí y ahora, casi medio siglo después de la muerte de Franco.