La Junta de Castilla y León aparta al funcionario investigado por cohecho por la justicia del expediente en el que presuntamente se produjeron los hechos y por el que se denunció. Según adelantó en su día El Norte de Castilla, la investigación se centraría en una denuncia tras intentar un funcionario de la Junta de Castilla y León cobrar presuntamente una 'mordida' de 50.000 euros en la tramitación de una herencia.
El proceso, según confirma el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, está en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila, desde donde se indica que el procedimiento penal se inició el pasado mes de diciembre tras la denuncia de un particular presentada en el Juzgado de Guardia de Ávila un mes antes. Los hechos investigados, aseguran, pueden ser constitutivos de un delito de cohecho.
Se trata de unos hechos en los que, confirman, existe un solo investigado, un funcionario englobado en el Servicio Territorial de Hacienda de Ávila, y donde la Administración de la Comunidad de Castilla y León se ha personado en las actuaciones en calidad de acusación particular.
Este punto es confirmado por la propia Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Economía y Hacienda, que se presenta como acusación particular en «defensa de los intereses de la administración pública», con la finalidad de mantener «el buen nombre de la Junta en el desempeño de las buenas acciones» de esta administración. Desde esta institución se confirma que se ha apartado al funcionario del expediente denunciado, que ha derivado a otros funcionarios, y que toda la documentación que tienen se ha pasado a la Inspección de Servicios, que está trabajando en ello. Además están a disposición de la Justicia si hay que aportar alguna documentación, porque, insisten, ahora mismo el tema está en manos de los tribunales.
El procedimiento está en fase de instrucción a través de la Ley del Jurado, señalan desde el TSJ, y se está pendiente de la comparecencia ante el juzgado de las partes personadas (perjudicado, investigado y Comunidad de Castilla y León) y del Ministerio Fiscal para concretar los hechos objeto de imputación.
Desde Ávila, el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, no habló sobre el tema, insistiendo que «es un asunto en el que se enjuicia el proceder de un empleado público de la Junta de Castilla y León y el delegado territorial, ni ningún representante de la Junta de Castilla y León, puede ni debe pronunciarse al estar 'sub iúdice'». «Están tramitándose unas diligencias judiciales y nos remitimos a las mismas sin que yo pueda ni deba decir nada al respecto», dijo, por lo que no emitió «ninguna opinión ni ninguna información» ni quiso señalar si el funcionario ha sido apartado de su cargo o si se ha tramitado algún expediente. Pero la Junta de Castilla y León sí que confirmó a Diario de Ávila que se le apartó del expediente y que la información está en la Inspección de Servicios.