La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, obliga a la empresa Sinbarreras S. L a pagar una multa de 49.180 euros por el accidente laboral en el que murió una trabajadora de 49 años al considerar que la empresa, que era además un centro especial de empleo, cometió una «infracción muy grave» en materia de prevención de riesgos laborales. De hecho, la resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo sanciona a esta empresa por «no adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores».

María de los Ángeles Fernández Pérez, empleada de esta lavandería industrial del polígono de Vicolozano, sufrió un accidente en la tarde del 10 de abril del pasado año al quedar uno de sus brazos atrapados en una máquina de planchado. Tras el accidente, en el que perdió parte de su extremidad, la  trabajadora fue trasladada a la UCI del hospital Río Hortega de Valladolid, donde falleció cinco días debido a la gravedad de las lesiones. 

«El sistema de seguridad de la máquina no se activó», asegura BeatrizFernández, hermana de la víctima, que lamenta que lo ocurrido a su hermana le podría haber pasado a cualquier trabajador porque el estado de las máquinas dejaba mucho que desear. «La máquina tampoco tenía el protector que debía de tener y que hubiera evitado el accidente», asegura Beatriz que apunta que de hecho poco tiempo después del accidente la Inspección de Trabajo obligó al cierre de la empresa por «irregularidades». 

Además de no contar con los elementos de seguridad necesarios, la familia de María de los Ángeles, que  al margen de los procedimientos administrativos iniciados tras el accidente presentó una denuncia por lo Penal, también lamenta que pese a estar obligada a ello la empresa no contara con seguro de responsabilidad civil. «O no lo tenía o no ha aparecido», asegura Beatriz que señala que justo por ese motivo ni el viudo de su hermana ni la hija de estos hayan percibido aún la indemnización que por accidente mortal les correspondería de haber contado la empresa con esta póliza obligatoria. En este sentido, la familia presentó también una demanda de 150.000 euros, que es la cantidad que marca como indemnización el convenio colectivo. 

procedimiento penal. Respecto al procedimiento penal, en este caso por un delito de lesiones con resultado de fallecimiento, la familia no solo critica lo mucho que se está demorando un proceso que incluso llegó a cerrarse sin que ni siquiera se tuviera la autopsia definitiva, que habla de muerte violenta por accidente debido a la gravedad de las quemaduras, y que por suerte, tras el correspondiente recurso de la Fiscalía y de la acusación particular, se volvió a reabrir. Pese a todo, y hasta el momento, solo han prestado declaración los testigos, en su mayoría compañeros de la víctima que corroboraron la «falta de seguridad» y el «mal estado» de la maquinaria de esta lavandería. De momento, el responsable de la empresa no ha declarado.