A primeros de septiembre, en la provincia de Alicante, un varón fue detenido por robar y matar gatos de una protectora a pisotones. Un día después, en Sa Pobla (Baleares), se arrestó a un hombre que había echado de comer a dos perros una cría de cabra viva, y que había compartido el vídeo en redes sociales. También a través de internet difundía sus hazañas un vecino de Beniel, en Murcia, que incitaba a perros a cometer actos violentos. En agosto se imputó al propietario de un criadero en Toledo por deficiente cuidado de los canes. Y el pasado mes de mayo, en Puerta Real (Madrid), la Guardia Civil encontró una galga en estado agonizante, lo que obligó a solicitar la intervención de urgencia de los servicios veterinarios, que eutanasiaron al animal. 

A esta y otras situaciones pretende poner fin la Ley del Bienestar Animal, aprobada en marzo y que ha entrado en vigor este 29 de septiembre. Se endurecen las sanciones y se aumentan los casos tipificados de delitos, de forma que el maltrato y abandono de mascotas estarán prohibidos. Tal es así que se establecen sanciones económicas que van desde los 500 a los 200.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.

Pese a todo, la ley arranca a medio gas al dejar aparcados por ahora dos de los aspectos que más polémica generaron: el curso de tenencia de perros y el seguro de responsabilidad civil, ambos a la espera de un reglamento.

El texto que desarrollará esos aspectos está aún en proceso de redacción. Desde el Ministerio de Derechos Sociales se apunta a que el retraso en su aplicación es solo «un desfase» temporal hasta el traspaso de funciones del Gobierno. Y se apunta a que la norma se está redactado y pendiente de aprobación a falta de algunos matices.

Esta valoración no coincide con la que hace la Organización Colegial Veterinaria (OCV). Desde ella se reitera que ya se advirtió de que la aplicación de la ley implicaría problemas por «falta de personal, de medios y de financiación».

Por ello, existen inconvenientes «jurídicos y administrativos» especialmente, que impiden saber cómo asegurar a los perros. Se apunta, también, a que los cursos obligatorios que recoge el texto para los dueños tienen que impartirlos personas con conocimientos de etología y de veterinaria y que, por el momento, los criterios están en el aire.

El director general de Derechos de los Animales, Sergio Torres, afirmó que se garantizará «el abandono cero de animales de compañía» con la garantía que ofrece considerarlos «seres dotados de sensibilidad en nuestro código civil».

Recordó que la ley establece dos ejes fundamentales; el primero es luchar por eliminar «la lacra del abandono de animales en nuestro país». En 2022, según el estudio Él no lo haría de la Fundación Affinity, llegaron a los centros de acogida de España 170.105 perros y 118.352 gatos. La tasa de abandono del país es de 3,6 perros y 2,5 gatos por cada 1.000 habitantes, de las más altas.

En segundo lugar, asegurar el sacrificio cero en las perreras: «Ahora mismo cerca de 100.000 animales sanos de los abandonados son sacrificados», añadió Torres.

Obligaciones

La normativa incluye una batería de obligaciones a los dueños; entre otras, identificar a sus mascotas, garantizar sus servicios sanitarios, recurrir a un profesional de comportamiento de animales cuando existan problemas de convivencia, evitar la reproducción indiscriminada o manejarlos sin causar sufrimiento.

Esta ley «viene a regular, en un marco homogéneo para todo el país, lo que ya es una valoración de sentido común para la mayoría de la ciudadanía, la necesidad de garantizar el bienestar de los animales que conviven con nosotros y nosotras», expresó el director general de Derechos de los Animales Torres.

Una valoración que sí demuestra en gran parte la realidad de las mascotas en nuestro país, a pesar del aún elevadísimo dato de abandono de animales de compañía. Por ejemplo, el 49,8 por ciento de los perros y el 46,5 por ciento de los gatos que llegaron a estos centros fueron adoptados, según la Fundación Affinity. Hay una alta concienciación al respecto, aunque, por contra, las cifras aumentan anualmente: solo en 2020 hubo un descenso en la cifra de abandonos, pero la evolución posterior demostró que se debió a la pandemia.

Sigue pendiente, asegura la organización, profundizar en la educación sobre «las ventajas pero también obligaciones que supone adoptar un animal de compañía y cómo su llegada puede influir en nuestro estilo de vida».

Tiempo de adaptación

Aparte del retraso de última hora en la aplicación de algunos aspectos relevantes de la norma hasta el traspaso de funciones del Gobierno en funciones, existen plazos fijados para dar tiempo a la adaptación de los afectados por la nueva ley.

Es el caso, por ejemplo, de la moratoria de un año desde la entrada en vigor del texto para que las tiendas que venden perros, gatos y hurones puedan adaptarse, porque no podrán seguir haciéndolo; solo comercializarán los criadores.

La norma protege a los animales domésticos y a las especies silvestres que están bajo el cuidado humano del maltrato y abandono y promueve la adopción y tenencia responsable. Así, se considerarán ejemplares de compañía además de a los perros, gatos y hurones, las especies incluidas en un listado elaborado por Ministerio de Derechos Sociales; así como los animales de producción inscritos por sus titulares como de compañía, entre otros.

Destacar, por último, que no podrá dejarse las mascotas sin supervisión durante más de tres días consecutivos, y en el caso de la especie canina, el máximo serán 24 horas.