El procurador del Común, Tomás Quintana, abrió una actuación de oficio para conocer la situación real sobre la regulación municipal sobre la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (patinetes eléctricos). "La velocidad que alcanzan y el hecho de que compartan espacio con peatones y vehículos para circular al no tener un espacio propio en las vías, genera un evidente riesgo para la seguridad vial de usuarios de los mismos y para las demás personas comparten el mismo espacio", explicó la institución en un comunicado.
En el año 2016 y con vocación transitoria hasta la elaboración de una normativa general sobre el uso y circulación de los mismos, normativa que deberá recogerse en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y desarrollarse en el Reglamento de Vehículos, la Dirección General de Tráfico emitió una Instrucción (16/V-124), por tanto, no vinculante, en la que se establecen una serie de criterios y recomendaciones muy básicos e insuficientes dirigidos a los ayuntamientos para que regulen dicha materia en al ámbito de sus competencias.
Asimismo, recordó que la competencia sobre la ordenación del tráfico en las vías urbanas se atribuye a los municipios. Por ello, el Procurador del Común entiende que los ayuntamientos de Castilla y León, en general, y los que cuentan con una población superior a los 5.000 habitantes, en particular, por contar con núcleos urbanos más consolidados, "no son ajenos" a esta problemática, debiendo actuar, desde el punto de vista normativo, sin necesidad de esperar a la regulación general prevista.
Igualmente, planteó que la experiencia en los últimos meses demuestra cómo los ayuntamientos de España han procedido ya a la regulación del uso y circulación de los VMP, aunque de manera "muy diferente", "heterogénea" y, en algunos casos concretos, de forma jurídicamente "controvertida".
Así, el Procurador del Común acordó iniciar la actuación de oficio para que, a la vista de la información que éstos remitan, valorar la posibilidad de formularles sugerencias o recomendaciones que puedan homogenizar, con respeto al principio de autonomía municipal, a la potestad discrecional de los municipios en la materia y a las peculiaridades de cada localidad, dicha regulación, y todo ello con el fin último y principal de garantizar el derecho de los ciudadanos a circular en condiciones de seguridad por la vías públicas.