La Audiencia Provincial dejó este miércoles visto para sentencia el juicio contra RVLG yAAA, propietarios de un mesón en una urbanización de Maello, por un delito de falsedad en documento privado y otro en delito de estafa procesal en grado de tentativa.

Los hechos se remontan a septiembre de 2019 cuando los acusados, matrimonio, despidieron a IHA, camarero en su negocio.

El despido, acordado en principio por ambas partes de manera cordial, se ratificó una semana después con la entrega al acusado de su finiquito y la última nómina. Y es en este punto en el que el querellante (que, por cierto, no se personó a la vista) asegura que los acusados habrían falsificado su firma y no le habrían entregado la cuantía fijada en el finiquito.

Lejos de esto, los acusados defendieron ante la sala que ellos en ningún momento falsificaron la firma de IHA y que le abonaron el finiquito ( algo más de 7.000 euros) en efectivo, tal y como el querellante les habría solicitado, al explicar a sus hasta ahora jefes que no podía cobrar de otra manera al tener «problemas bancarios».

Se da la circunstancia de que el querellante había sido hasta entonces el esposo de la hija de los acusados. Y fue en el momento en el que la joven pareja decidió poner punto y final a su matrimonio cuando los propietarios del mesón y suegos de IHA acordaron con éste su despido. «Se hizo así pensando en el bien de todos», argumentó RVLG, que aseguró que el querellante aceptó también ese despido, dada la imposibilidad de seguir viendo en Maello o la de acudir a trabajar desde otra localidad, al no tener carnet de conducir.

Los dos acusados coincidieron en asegurar que la denuncia presentada por el que fuera su yerno (acusado él por su parte en otras vistas de malos tratos a su mujer y de no abonar la pensión alimenticia de sus hijos) obedece a un deseo de «venganza» y de «hacerles daño».

En la vista testificaron los dos acusados y sendos peritos grafólogos, el oficial, perteneciente al Cuerpo General de la Policía, y el presentado por la defensa. Mientras que el primero aseguró «ver intento de falsificación (de las firmas) de una tercera persona», el segundo defendió la autoría de IHA de las mismas, pese a no ser exactamente iguales a las que aparecen en su DNI.

Tras las declaraciones de los acusados y los peritos, llegaron el momento de las conclusiones en las que el Ministerio Fiscal retiró la acusación «porque se plantean serias dudas de la existencia de los delitos», argumentó el fiscal, que aseguró además que no había «otra opción que dictar sentencia absolutoria».

Por su parte, la acusación particular mantuvo su petición de penas de 18 meses de prisión por el delito de falsificación documental; en concepto de responsabilidad civil solicitó una indemnización de 7.570 euros; y en concepto de daños morales, 3.000 euros.

La defensa solicitó la libre absolución.