Castilla y León acepta a regañadientes el planteamiento del Ministerio de Agricultura, da marcha atrás temporalmente y deja sin efecto la orden de la Consejería por la que permitía el movimiento de estos animales, pese a las disposiciones adoptadas en la UE para erradicar la tuberculosis bovina. El Ejecutivo regional mantendrá esta situación hasta que exista una resolución judicial sobre este asunto, que esperan invalide la demanda del Gobierno y avale su normativa. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quiso aclarar lo ocurrido y manifestó que «el planteamiento de la Junta es muy claro» y pasa «porque deje de estar vigente la orden ministerial». Señaló que se ha buscado el instrumento de no oponerse al requerimiento de la medida cautelar de suspensión de la orden de la Consejería, publicada el 15 de mayo, que tampoco derogan, y esperan que, tras una resolución judicial, la orden ministerial que impide mover el ganado decaiga.

El Ministerio tomó una decisión «sin precedentes» que limitaba la entrada y salida del ganado bovino desde Castilla y León para evitar poner en riesgo el estatus sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria por el riesgo de contagio de tuberculosis. De hecho, consideran que la resolución autonómica impugnada vulnera «gravemente» la normativa comunitaria y estatal respecto a la erradicación obligatoria de la tuberculosis bovina, ya que permite el movimiento de animales, expresamente prohibido, desde explotaciones con la calificación sanitaria suspendida o retirada.

«Desde ese punto de vista cualquier medida que se tome para que deje de estar vigente la orden ministerial será positiva para los ganaderos de Castilla y León», argumentó el consejero portavoz, que recalcó que la posición de la Junta coincide con la que mantienen «tantos ganaderos» respecto de una normativa restrictiva sobre el movimiento del ganado. A distintas preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo respondió que no se oponen al requerimiento de la medida cautelar de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y aseguró que la aplicación de la orden ministerial «decaerá», informa Ical.

Además de esta orden, el Ministerio ha presentado, el pasado 23 de mayo, un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución autonómica, por fijar un marco normativo «más laxo que contraviene la legislación europea y frente al inevitable riesgo de dispersión de la enfermedad a nuevas zonas, explotaciones y animales». También ha presentado un recurso contencioso-administrativo con el mismo contenido, ya que considera que se vulnera normativa europea, lo que rechazó el portavoz.  

La Junta de Castilla y León quiere flexibilizar la norma que limita el movimiento de ganado «hasta donde lo permita la ley», aseveró el consejero portavoz, que añadió que la orden ministerial va en «sentido contrario», lo que, a juicio del Ejecutivo de coalición de PP-Vox, «causa dificultades y perjuicios y sería bueno que no se aplique». 

Veterinarios avisan de pérdidas millonarias 

El Sindicato Veterinario de Castilla y León avisó de las pérdidas millonarias que puede provocar en la Comunidad las restricciones al movimiento de ganado bovino, y en una carta remitida al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le reclamaron que intervenga de urgencia y detenga la «sangría económica» y sobre todo la pérdida del «merecido prestigio de los productos pecuarios de Castilla y León». El sindicato, según un comunicado recogido por Ical, explica que tres días después de que el Ministerio de Agricultura estableciera límites al movimiento de animales, «ya se están notando los devastadores efectos económicos de su aplicación». Según los primeros cálculos llevados a cabo por  técnicos Uscal, los movimientos de la especie bovina, solo en Salamanca, mueve más de cinco millones y medio de euros al mes. A su vez, lamentaron que se ha llegado a esta situación por «la absoluta incapacidad para la gestión sanitaria y productiva de los actuales dirigentes de la Consejería de Agricultura».

Mientras, el colectivo Unión por la Ganadería expresó su «total rechazo» a la orden publicada por el Ministerio y exigió el «cese inmediato» de los responsables técnicos en esta materia, tanto a nivel autonómico, como provincial, por el «pésimo resultado» acumulado en las campañas sanitarias. «Desde este colectivo llevamos tiempo exigiendo cambios en los programas de erradicación de tuberculosis, pidiendo que se centren en campañas de control de la enfermedad».