De ninguna manera piense usted que, pese al titular con el que ilustra este comentario, quien suscribe tiene la menor simpatía por Carles Puigdemont. Nunca se puede simpatizar con el fanatismo, la unilateralidad y el ventajismo que muestra en sus negociaciones con el Gobierno central, conociendo, como conoce, y aprovechándolo para poner sus condiciones inaceptables, el volumen de la ambición de quien encabeza este Ejecutivo por prolongarse como presidente de la nación.

Puigdemont, el fuguista, el supremacista, será, es, muchas cosas. Un delincuente al que le han borrado sus culpas penales por razones extrajurídicas. Pero me parece que de ninguna manera se puede considerar, como sugiere el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que el ex president de la Generalitat de Catalunya y actual eurodiputado sea un terrorista. Un término muy doloroso como para ser usado en vano.

Conste que García Castellón, a quien conozco en su larga trayectoria, algo polémica en algunos momentos -los jueces, como los periodistas, son los mensajeros a los que hay que matar cuando traen noticias malas o inoportunas-, goza de todos mis respetos. Pero, como decía Talleyrand, lo excesivo se convierte en irrelevante. Y hacer recaer sospechas judiciales de terrorismo sobre quien ha acumulado tantos otros delitos, aunque algunos hayan desaparecido, por magia gubernamental, del Código Penal, se enmarca en lo claramente excesivo.

Creo que en el 'caso Tsunami' se desbocaron un poco las aguas, hasta tratar de considerar una especie de homicidio involuntario la muerte por infarto de un turista francés durante los disturbios -no pienso que 'terroristas'- de aquel 2017. Pero no caeré en la trampa de afirmar que la decisión de García-Castellón, anunciada en plena recta final de las 'discretas' (o sea, opacas) negociaciones entre el PSOE y Puigdemont para garantizarse la investidura de Pedro Sánchez, ha sido 'oportunista' o parte de un juego político destinado a frenar ese acuerdo con Junts. Me parece que hay que respetar las decisiones y los tiempos judiciales, aunque sea legítimo discrepar de ellos. Y, en todo caso, el magistrado en cuestión debía recoger en su instrucción los datos que hace unos días le facilitó la Guardia Civil en relación con el 'procés'. Si las Fuerzas del Orden aportaron los resultados de sus investigaciones también coincidiendo, casualidad, con este crispado momento político es algo que también dejo a las especulaciones gratuitas de uno u otro bando: no es lo fundamental.

El ambiente, así, no puede estar más enrarecido, cuando, para colmo, se produce una durísima declaración netamente 'política', emanada del gobierno de los jueces, contra la negociación de la amnistía a los encausados o condenados en el 'procés', con el prófugo Puigdemont a la cabeza. Grupos de centenares de juristas se han pronunciado estos días en sendos manifiestos a favor o en contra de la constitucionalidad de la medida de gracia, una ley que estaría a punto de salir del horno de un gobierno en funciones cuya actividad debería estar limitada por ley, y de hecho lo está, en mucho mayor grado de lo que se aprecia a través de sus actuaciones. Casi podríamos decir que, mientras el Legislativo permanece como aletargado, tanto el Ejecutivo como el Judicial están dando algunas muestras de extralimitarse. Si Montesquieu levantara la cabeza...

Todo lo cual, más las manifestaciones callejeras cuasi violentas organizadas sobre todo por Vox frente a la sede del PSOE -alguno de mis compañeros de las televisiones tuvieron que sufrir no pocas vejaciones por parte de algunos manifestantes para poder llevar a cabo su trabajo de informar-, está partiendo la espina dorsal política de un país que, me da la impresión, hace tiempo que no comprende bien los tejemanejes argumentarios de las dos partes en conflicto, en los que ambos se culpan de lo mismo: de alterar la democracia no sometiéndose a sus leyes, de violentar la Constitución y de falta de respeto a las normas de convivencia política.

Se están llegando a proclamar cosas sumamente inveraces, argumentos energúmenos, como que manifestarse contra el PSOE es antidemocrático -una cosa son los escraches violentos en las calles y otra, muy distinta, el derecho a la libertad de manifestación pacífica impulsado desde el PP estos días para combatir la nonata ley de amnistía-.

Ya digo: el PP será muchas cosas, pero no violento ni manipulador de la Constitución; el PSOE será muchas cosas, pero no un partido golpista. Y Puigdemont, insisto, terrorista no. Y yo daría mucho para que siga defendiéndose de esta acusación... pero prefiero que lo haga desde Waterloo, porque aquí, en Cataluña, en España, es un elemento nocivo para la convivencia y para mi sentido de lo que deben ser el respeto a la justicia y la equidad. Esas sí que son sus verdaderas culpas, más allá del Código Penal y de sus muchos exégetas interesados.