En pleno debate sobre decencia y legalidad en el caso de los cuarenta y cuatro ex etarras incluidos en las listas electorales de Bildu, la Fiscalía ha venido a recordarnos la doctrina del Tribunal Supremo sobre la legitimidad de la izquierda abertzale en base al principio universal de que a nadie se le puede estigmatizar por lo que piensa sino por lo que hace. Ni siquiera por lo hizo, si no tiene cuentas pendientes con la Justicia.
No hay delito ni causa de inelegibilidad, según el decreto de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Leemos que, tras un riguroso análisis de la denuncia presentada por la asociación de víctimas "Dignidad y Justicia", se ha rastreado el historial de los 44 candidatos propuestos por Bildu (siete con delitos de sangre renuncian preventivamente al acta de concejal en las elecciones del 28 de mayo) "no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallamos ante un supuesto de inelegibilidad previsto en la Ley Electoral".
Nada nuevo respecto a la legalidad formal de la inserción de los herederos políticos de Eta en la vida democrática, sin perjuicio de que las asociaciones de víctimas del terrorismo, así como los partidos situados a la derecha del espectro político, ejerzan su derecho a ponerlo en duda ante los tribunales y ante la opinión pública. Pero, al archivar la denuncia de Dignidad y Justicia, la Fiscalía se inspira en la jurisprudencia. Ya en 2007 el TS decía en un auto que "las personas y partidos que forman parte de la izquierda abertzale conservan intactos los derechos de libertad de expresión y de participación política". Añadía que, de acuerdo con la Constitución Española, "es la actividad y no la ideología de las organizaciones políticas lo que puede ser objeto de restricciones políticas".
Todo lo cual nos remite de nuevo al plano moral del debate. De ahí la doctrina Sánchez de que la participación electoral de personas con pasado criminal puede ser "legal" pero es "indecente". El argumento, ya en el plano estrictamente político, pone en bandeja de la oposición un potente argumento electoral y se vuelve en contra del presidente del Gobierno. Dice Feijóo: "Si no es decente, tampoco es decente abstenerse de promover su ilegalización".
Podía haberse quedado en que lo indecente es pactar con indecentes. Es el meollo del asunto. Es un reproche que le hacemos quienes reconocemos la legalidad de Bildu pero denunciamos la inmoralidad de su conducta. Y no vale recurrir al salmo de que "mejor votos que pistolas", porque eso es como perpetuar la vigencia de un chantaje. "¿No es esto lo que queríamos los demócratas?, se preguntan. Y eso es tanto como sugerir que la amenaza sigue operativa: o nos dejan jugar a ser demócratas o volvemos a las andadas. Peor aún, que estamos en deuda por tan filantrópica decisión. Lo cual es inaceptable.