Un juzgado de Móstoles dictó a finales de octubre un auto por el que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra una veintena de investigados por presuntos delitos contra la fauna (furtivismo) y falsedad documental. Entre ellos se encontraban conocidas personas relacionadas con el mundo de la ganadería, la caza o el sector empresarial, según han apuntado los propios afectados en un comunicado, y también personas relacionadas con la provincia de Ávila, tal y como se señaló por parte de la Guardia Civil cuando, hace dos años, se dieron a conocer algunos detalles de la operación bautizada como 'Roebuck'. El caso había tenido su inicio, precisamente, con el atestado instruido por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Ávila, con el apoyo de otras unidades, como consecuencia de las inspecciones llevadas a cabo en un local de taxidermia ubicado en Madrid en el que se encontraron supuestas irregularidades con los precintos de cotos de caza y se intervinieron varias piezas. Ahora, una vez practicadas las diligencias de Instrucción consideradas pertinentes –consistentes en la declaración de los investigados, prueba testifical, pericial y ratificación de los agentes que elaboraron el atestado–, y del informe del Ministerio Fiscal, el juzgado de Móstoles ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a la veintena de investigados por entender que «no ha quedado debidamente acreditada la perpetración de infracción penal» por su parte. Sin perjuicio de eso, eso sí, y «dada la ilegalidad de la actividad de taxidermia y precintado descubiertas», se apunta en la sentencia, se remite testimonio de las actuaciones a los organismos autonómicos implicados (Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Madrid) a los efectos administrativos sancionadores oportunos.