Seis provincias de Castilla y León acogerán población inmigrante dado el alto número que han llegado en las últimas semanas a Canarias, la urgencia de los hechos y la prestación del necesario auxilio. Todo ello enmarcado en la «lealtad y cooperación» entre el Gobierno y las diferentes comunidades y que, además, se sumarán a los 250 que ya se encuentran alojados en el balneario de la localidad vallisoletana de Medina del Campo. Lo inesperado del traslado ha suscitado la estupefacción de la Junta de Castilla y León y del propio alcalde de Medina del Campo al no haber sido informados, con carácter previo, sobre la adopción de tal medida. Un escenario que ya genera diferentes corrientes de opinión, tanto en el ámbito político y mediático como, por supuesto, entre la ciudadanía. Ante la situación cabe preguntarse si ¿realmente estamos dispuestos a tender la mano a los más necesitados cuando les tenemos entre nosotros o es demagogia barata? ¿Somos una tierra de acogida? Iremos viendo.
Cierto es que cualquier movimiento migratorio deben disponer de un mínimo control, una correcta gestión y una coordinación leal entre administraciones. Como también lo es que este tipo de situaciones las tenemos que aceptar con normalidad y hasta con generosidad. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) acaba de corroborarlo en su informe anual sobre migraciones, al constatar que sólo durante 2022 llegaron 6,1 millones de inmigrantes legales a los países miembros de esta organización (38 en la actualidad), lo que representa un 26% más que el año anterior. España se sitúa en la cuarta posición en número de inmigrantes legales permanentes acogidos, contando laborales, refugiados y familiares. En concreto, 471.800 personas, y sólo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. 
Tampoco podemos obviar que son los trabajadores procedentes de otros países los que han asumido el 77% del trabajo creado el pasado año en España, tendencia que se repite en los primeros meses del actual. Todo ello no hace sino certificar que los trabajadores extranjeros representan el mayor peso específico del mercado laboral. De hecho, este colectivo ya supone más de una cuarta parte de los puestos de empleo en un buen número de comunidades. También los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) van en ese sentido y evidencian que las mujeres extranjeras trabajan mayoritariamente en el sector servicios, mientras que los hombres son absorbidos por el sector primario y la construcción, pero no tanto por el sector industrial. Este fenómeno laboral se percibe con claridad en nuestro entorno y en el de muchas otras regiones. 
Pero, al margen del movimiento migratorio global, ¿por qué es tan acusado en nuestro territorio? Los más críticos afirman que se concede demasiada protección y permisividad, a lo que se une la clamorosa falta de control sobre quienes, encontrándose en situación de desempleo, declinan su incorporación a un puesto de trabajo. De ahí nuestra alta cifra de población parada, que permanece enquistada desde hace años. Y es verdad que, de igual modo, necesitamos combatir nuestra caída galopante de la natalidad y el aumento del índice de vida, por eso es importante que las políticas sobre inmigración sean claras y con protocolos consensuados, con el objetivo de incorporar nueva savia humana que aporte valor, pensando en el interés general y no tanto en disputas partidista como a veces ocurre.
Una buena gestión de este activo es también un dique sólido para frenar la ausencia de relevo generacional en muchos campos laborales. Y si somos un territorio de acogida, como lo fueron con nosotros otros países hace décadas (Francia, Alemania, Cuba, Argentina…), tenemos que sacar del habitual debate acalorado un fenómeno social que hunde sus raíces en la inmensa necesidad y el miedo. Y esto también requiere de lealtad por parte del Gobierno cuando, unilateralmente, decide sin aviso previo masivos traslados de inmigrantes. Si hay voluntad, habrá que demostrarla y por parte de todos.