A España le toca ejercer la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) a partir del 1 de julio, y lo hará con el objetivo de reforzar la «autonomía estratégica abierta» del sector primario, avanzando en la adopción de nuevas tecnologías y otras cuestiones, según han manifestado desde el Ministerio de Agricultura. El Gobierno español tiene entre sus prioridades del próximo semestre impulsar dicha autonomía en la alimentación, junto a otros ámbitos estratégicos como la salud, la energía o la tecnología. Se trata de conseguir que la globalización no afecte al bienestar de los ciudadanos por problemas de suministro, como los que se han visto con la pandemia o la guerra de Ucrania. Para ello, fuentes gubernamentales han destacado la importancia de promover la implantación de las nuevas tecnologías en el sector, incluidas las de la agricultura de precisión y la biotecnología.

La edición genética es uno de los asuntos espinosos que están sobre la mesa. En este sentido, cobra relevancia la propuesta que la Comisión Europea (CE) tiene previsto presentar en julio sobre las nuevas técnicas genómicas, donde entra la posibilidad de usar la edición genética para la mejora vegetal frente a situaciones de sequía, plagas y enfermedades, lo que ayudaría a reducir el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes. España ostentará una de las últimas presidencias rotativas antes de que finalicen los mandatos de la Comisión y el Parlamento Europeos, que celebrarán elecciones en junio de 2024, por lo que la intención es impulsar este expediente para que se cierre más adelante, aunque desde la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) no confían demasiado en ello. Según explican, los tiempos requeridos y la proximidad de los comicios europeos no invitan a ser optimistas.

Investigadores y empresas de obtención vegetal llevan tiempo pidiendo la autorización de esas nuevas técnicas de edición genética a nivel comunitario, puesto que existe diferencia las que se emplean para producir transgénicos, actualmente bloqueadas en la UE. Permitir el uso de esos métodos situaría a los agricultores y ganaderos europeos en una mejor posición frente las importaciones y aumentaría la rentabilidad de las explotaciones.

Una normativa que sí tiene visos de ver la luz en el próximo semestre es la relativa a la modificación del reglamento de las indicaciones geográficas protegidas (IGP), en la que se lleva tiempo trabajando, por lo que es previsible un acuerdo final entre el Consejo y la Eurocámara con el fin de valorizar dichos productos. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de España ven con suspicacias algunos aspectos de la reforma, como la posibilidad de que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo) pase a gestionar esas figuras de calidad, por lo que está por ver el resultado final de las negociaciones.

Especialmente polémico está siendo el dosier sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios, que se encuentra de alguna forma paralizado por la falta de consenso en el Parlamento y el Consejo de la UE, a la espera de que la Comisión presente a los Estados miembros una evaluación de impacto ampliada. La CE se ha comprometido a adoptar medidas para reducir a la mitad el uso y el riesgo de los pesticidas químicos para 2030 en el marco de las estrategias 'Biodiversidad' y 'De la granja a la mesa', aunque persisten las dudas sobre las alternativas existentes y el impacto en la producción y en los precios.

En bienestar animal, el paquete legislativo incluirá nuevas normas sobre el sacrificio de animales, su transporte o las jaulas, si bien habrá que esperar a que los próximos Parlamento y Comisión de la UE lo retomen, por una cuestión de tiempos. Asimismo, Bruselas tiene pendiente presentar sus propuestas sobre la iniciativa marco de sistemas alimentarios saludables y sobre la ley de salud del suelo en la UE, así como la esperada revisión del reglamento de información alimentaria facilitada al consumidor, que abarca la homogeneización en la indicación del origen de los productos, el etiquetado nutricional y el de las bebidas alcohólicas.

Lo que espera el sector.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ve prioritaria la ampliación del presupuesto de la PAC para inversiones en modernización de los regadíos, la paralización del reglamento de uso de fitosanitarios y de la ley de la restauración de la naturaleza. Además propone la creación de un organismo europeo para impedir la entrada de posibles plagas fitosanitarias y de enfermedades de animales a la UE.

El director técnico de COAG, José Luis Miguel, reivindica la «preservación del modelo europeo de agricultura», pues en España es donde se ve más clara la «uberización» del campo. Entre sus deseos destaca extender la ley de la cadena española a otros países. COAG pide también impulsar el relevo generacional y critica que los productores estén «abrumados» por las normas de la Unión Europea, como la PAC o las del Pacto Verde, que no se aplican a las importaciones.

En el caso de UPA, la organización ha calificado como «fundamental» que la UE se dote de un «mecanismo que equilibre las fuerzas y las dinámicas de la cadena agroalimentaria», por lo que piden implementar una «directiva de etiquetado claro» que identifique los productos tanto de fuera como de dentro de la Unión. Además, exponen su preocupación por la «rigidez» que la Comisión impone «en muchos casos» a la PAC a la vez que han advertido de que, en la puesta en marcha del cuaderno de campo digital, se deberían haber previsto plazos transitorios más amplios.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, asegura que pondrán la vista en el relevo generacional y la legislación medioambiental, especialmente en lo relacionado con la transición ecológica y la economía circular; están pendientes también de las negociaciones como el bienestar animal, el uso de fitosanitarios o el futuro de las nuevas técnicas genómicas.

También hay demandas por parte de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, que pide retirar el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases y una reforma «sustancial» del uso de los fitosanitarios, ya que cree que no hay herramientas eficaces para luchar contra las plagas. Para la industria cárnica representada por la asociación Anice es el momento de aplicar una revisión «inmediata del calendario del Pacto Verde Europeo» para poder flexibilizar y «ralentizar las normas» que objetivamente lleven a una «pérdida de competencia de las actividades» empresariales europeas.