El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) presentó a finales del pasado mes de febrero el Índice de Precios de Referencia, herramienta que opera en el conjunto del país como un instrumento más para controlar el incremento de los precios del alquiler. Esta nueva aplicación permite conocer el rango de valores de alquiler de una vivienda, como referencia a título orientativo, para la fijación de la renta en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda.
La herramienta, disponible en la web del Ministerio de Vivienda, se habilita con el objetivo «de garantizar la transparencia en el mercado de alquiler», siendo estos precios de referencia «el resultado de la explotación de fuentes tributarias de los datos sobre arrendamientos de vivienda habitual». Así, en el caso de la capital abulense, el sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda fija en 421 euros la cuantía media mensual para el alquiler de una vivienda en bloque con una superficie media de 87 metros cuadrados. Establece además este sistema que el precio de referencia del alquiler de una vivienda de este tipo en la ciudad de Ávila no debería bajar de 350 euros ni superar los 498. Unas cifras que a día de hoy están muy alejadas de la realidad del mercado inmobiliario de Ávila. «Un piso en bloque de 80 metros cuadrados y tres dormitorios está en 600 euros», asegura Josué Barrera, responsable de la inmobiliaria Camarasa. También «de 600 euros para arriba» para una vivienda de esas características habla Tomás García, director del grupo inmobiliario Capitel.
«Encontrar algo por menos de 600 euros es prácticamente imposible», asegura García, que calcula que en los últimos años la vivienda de alquiler en Ávila se ha encarecido «un 30 por ciento».
La herramienta ministerial también establece el precio de referencia para las viviendas unifamiliares que se alquilen en la capital abulense. Así, en el caso de una vivienda de este tipo con una superficie media de 174 metros cuadrados el Ministerio fija un precio de alquiler de 550 euros mensuales de media, y siempre dentro de un rango que debería oscilar entre los 380 y los 700 euros mensuales. También en este caso las referencias del Ministerio de Vivienda están muy alejadas de la realidad, tal y como confirman los profesionales del sector.
De momento estos precios lo son solo de referencia pero podrían servir de base en el caso de que las distintas comunidades autónomas decidieran poner tope al precio de los alquileres en aquellas zonas que se declaren tensionadas. Se trata de espacios en los que, debido a las particulares condiciones del mercado de la vivienda, tales como el precio del alquiler o el coste de las hipotecas, existe riesgo de oferta insuficiente para la población. Algunos estudios apuntan que el 20,83 por ciento del territorio español podría ser declarado zona tensionadas.
Uno de los objetivos de la Ley de Vivienda es facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, algo que según los profesionales del sector no solo no se está consiguiendo sino que está generando el efecto contrario. «La inmensa mayoría de los propietarios de pisos de alquiler son pequeños ahorradores que cuando no ven condiciones que aseguren su inversión y no tiene márgenes de maniobra lo que hace es retirar ese inmueble del mercado», explica Barrera que apunta que desde mayo del año pasado, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda, ha desaparecido «el 40 por ciento de nuestra cartera» de alquiler. «La ley ha conseguido el efecto contrario al que iba destinada, el de facilitar el acceso a la vivienda a ciertos colectivos», asegura el responsable de Camarasa que lamenta que las medidas que articula el Gobierno solo afectan a los propietarios sin que se articulen otras medidas sociales como la vivienda pública en alquiler.
Y es que, prosigue el responsable de esta inmobiliaria, lo que ha hecho la ley es proteger especialmente a ciertos colectivos, como familias monoparentales con menores o personas vulnerables, invirtiendo, además, «la carga de prueba» de modo que en el caso de impagos es el propietario el que tiene que demostrar no se trata de inquilinos vulnerables, lo que complica especialmente el rescindir el contrato. Esto, asegura Barrera, ha hecho que los arrendadores no solo desestimen a este tipo de inquilinos que pueden «complicarles la vida» sino que aumenten los requisitos que piden a la hora de alquilar su vivienda, lo que en la práctica lleva a una subida de precios y a dejar fuera a ciertos colectivos.
«Yo ya tengo clientes que no quieren un alquiler tradicional sino temporal», asegura Barrera antes de apuntar que esto lo que hace es «dejar fuera del mercado a las personas más vulnerables que son a las que la ley pretendía ayudar».
También coincide en que en los últimos meses se han retirado pisos del mercado de alquiler el responsable del grupo inmobiliario capitel. «Al haber menos oferta, los precios se disparan», afirma Tomás García que, al igual que el responsable de Camarasa asegura que en Ávila ya se puede hablar de un «problema» con la vivienda de alquiler porque hay más demanda que oferta.
«Cuando había mucho mercado de alquiler, los propietarios bajaban los precios. Ahora que no hay vivienda y hay mucha demanda, los suben», explica García que apunta, por ejemplo, que cuando su inmobiliaria anuncia un nuevo piso inmediatamente reciben «entre diez y quince llamadas» y normalmente se alquila «en el día», pudiendo además el propietario seleccionar a los inquilinos. «Esto deja fuera del alquiler a la gente que más lo necesita», coinciden tanto desde Capitel como desde Camarasa.