Cuando el poder legislativo saca adelante una ley debería hacerlo con el objetivo de facilitar la vida de los ciudadanos y no crear incertidumbres que a lo único que contribuyen es a generar polémicas que enturbian la convivencia social. El próximo 29 de septiembre entra en vigor la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal, una normativa que salió adelante no sin generar antes mucha controversia ya que su desarrollo afecta a la vida de los animales con los que muchos ciudadanos comparten su existencia y ello implica tener en cuenta muchas circunstancias, y que va a obligar a adoptar ciertas medidas que hasta la fecha no eran necesarias. La nueva ley obliga, por ejemplo, a contar con un seguro de responsabilidad civil para perros, además de tener que desarrollar unos cursos de formación o acreditar que el perro es sociable. Eso por ceñirse únicamente a un ámbito tan concreto como es el de los perros, una mascota que en muchos casos se ha convertido en un integrante más de la familia.

Ciertamente es necesario regular esa presencia, porque es importante tanto para los propietarios como para el resto de personas que conviven con ellos, y que en algunos casos no les agrada su presencia; sin embargo, el desarrollo de esa ley exige que se apruebe un reglamento para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de las normas y de momento no se cuenta con ello. Ello está provocando que los dueños de las mascotas se encuentren en un mar de dudas sobre esas medidas que deben adoptar, dirigiéndose a profesionales que pueden aclarar esas cuestiones, como aseguradoras o veterinarios, los cuales hasta no hace mucho tiempo tampoco tenían muy claro que puede ocurrir a partir del 29 de septiembre, cuando la ley entre en vigor, y lo cierto es que habrá que esperar a que se aprueba ese reglamento para que esas medidas se puedan desarrollar. Eso exige que desde la administración se articulen campañas de información que acaben con esa incertidumbre en un tema que para muchos ciudadanos es de una gran sensibilidad.

Y es preocupante que los profesionales que deben ayudar al desarrollo de una normativa queden un tanto al margen cuando se legisla sobre cualquier asunto. Ellos son los interlocutores necesarios entre la administración y el ciudadano para que esas medidas que se quieren implantar se puedan llevar a buen término con eficacia. Y en este caso concreto los veterinarios sienten que no han sido muy partícipes en la elaboración de esa legislación, y al final y al cabo ellos tienen un papel fundamental en que se busca llevar a buen término esas normas. 

El problema es cuando se legisla buscando otros intereses que en muchas ocasiones no están concordancia con las necesidades de la ciudadanía, y se trata de implantar medidas cuya ejecución exige un esfuerzo que la administración no tiene capacidad de asumir, ni por medios ni por costes, y acaba siendo una ley inútil. Eso sí, no sin antes generar incertidumbre y polémica sin necesidad. Esperemos que en este caso eso no ocurra, porque la ley tiene muchas aristas que el reglamento deberá pulir con diligencia.