«Los problemas con la inteligencia artificial se pueden generar con mucha más dimensión y a mucha más velocidad porque es mucho más potente que el cerebro humano, y tenemos que anticiparnos». Así resume Iban García del Blanco, eurodiputado socialista de León, la razón de ser de la Ley de Inteligencia Artificial que este miércoles ratificó el Parlamento Europeo sobre lo pactado en diciembre en las instituciones europeas, y que se convierte en la primera que regula esta tecnología en el mundo. Este leonés de la máxima confianza de Pedro Sánchez ha sido el único eurodiputado español presente en las negociaciones de la recta final de una normativa que sitúa a Europa en la vanguardia mundial de la regulación de esta novedosa tecnología. «Es una normativa que se aproxima al fenómeno desde una perspectiva horizontal que intenta regular todo lo relacionado con la inteligencia artificial», explicó recientemente en una entrevista concedida al programa Vive Castilla y León de Vive Radio horas después de que la Eurocámara validara esta legislación. «Vamos a generar un espacio de seguridad jurídica en el mundo para operadores y para los propios usuarios».
Del Blanco, nacido hace 47 años en León, no oculta los riesgos que la Inteligencia Artificial esconde, y defiende que la normativa europea servirá para controlar una tecnología que evoluciona a la velocidad de la luz. «A diferencia de otras tecnologías que hemos conocido, tiene dos características completamente nuevas», explica el eurodiputado del PSOE. «La primera es que funciona autónomamente, es decir que no necesita a ningún ser humano para controlarla y para tomar decisiones; y, en segundo lugar, que es capaz de evolucionar y mutar por sí misma en algunos sentidos que incluso sus propios programadores no podían prever».
«Nos da muchísimas posibilidades pero también se puede entender que algo de esa potencia genera muchos riesgos y eso es básicamente lo que ha impulsado a la Unión Europea a anticiparse de alguna forma». Del Blanco explica en la entrevista radiofónica que la nueva normativa europea establece una escala de riesgos que va desde los mínimos hasta los que califica de «inaceptables». En este sentido apunta a cuestiones que son «demasiado intrusivas», a los que se suman una serie de ámbitos que por la «sensibilidad especial» que tienen esas materias tiene que tener «mucho control» a la inteligencia artificial, como son la sanidad, la educación, el entorno laboral, los seguros o el ámbito bancario. La normativa permite o prohíbe el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para los ciudadanos y, con ella, la UE pretende dar ejemplo al resto del mundo e impulsar a la industria europea frente a Estados Unidos y China. «Debe haber una regulación completa a nivel internacional que nos ponga de acuerdo en lo que son parámetros básicos».
En líneas generales, la ley de inteligencia artificial prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos, pero permite que las fuerzas del orden puedan emplear las cámaras de identificación biométrica, con previa autorización judicial, para prevenir una amenaza terrorista inminente. También para localizar o identificar a una persona que haya cometido delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual o, por ejemplo un crimen medioambiental, así como para buscar a las víctimas de estos delitos. Asimismo, el reglamento establece una serie de obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial generativa en los que se basan programas como ChatGPT, de la empresa OpenAI, o Bard, de Google.