Pedro Sánchez no se inmuta ante el fiasco que vive su gobierno y no ha dudado en erigirse en hombre de leyes y afirmar en Bruselas que "todo el mundo sabe que el independentismo catalán no es independentismo". Ni que fuera doctor en Derecho, ni que hubiera ganado una oposición de juez o fiscal. A chulería y narcisismo no le gana nadie. Si no fuera por el rostro descompuesto que llevaba cuando salió pitando del hemiciclo tras la votación de la ley de amnistía, que perdió, podría pensarse que el presidente de gobierno está tan tranquilo.
Quizá lo está, aunque en su partido se incrementa el número de personas, sobre todo del ámbito regional, que confiesan su preocupación y que van de susto en susto. Por las maniobras del gobierno para mantenerse en el poder a toda costa, cueste lo que cueste … y porque importantes socialistas han comprendido que el voto contra Sánchez pone en peligro que puedan seguir siendo importantes. Pueden perder sus puestos, como ha ocurrido en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, en las que el PSOE tuvo uno de los peores resultados de su historia. Por culpa de Sánchez.
El presidente hace los cálculos de futuro centrado exclusivamente en la Ley de Amnistía, y su gente asegura que en la comisión de Justicia del Congreso no van a modificarla excesivamente porque no pasaría el filtro del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Europeo de Justicia, que tendría que analizar los recursos que va a presentar la oposición. Pero hay un asunto todavía no resuelto y que tiene miga: si la proposición de Ley, rechazada por mayoría absoluta, con los votos de PP, Vox y Junts, debe enviarse a la comisión de Justicia como anunció la presidenta Armengol, o se dar por rechazada y si se quiere volver a presentar tendría que tramitarse desde cero: texto, debatir el texto en ponencia, pasarla después a ponencia, y finalmente a pleno, con los trámites internos correspondientes, debate, negociaciones, modificaciones, enmiendas… Meses de trabajo.
Letrados no contaminados por el sanchismo -como lo es el recién letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo- aseguran que la ley ha sido rechazada. Punto. El gobierno tendría que elaborar una nueva. Y dicen más: que efectivamente ha habido una excepción durante el gobierno de Zapatero, una proposición que pasó a la comisión correspondiente aunque fue rechazada en el pleno. Es cierto, pero en aquel caso los votos as favor fueron menos que los votos en contra, pero se produjeron abstenciones y por tanto los votos negativos no alcanzaron la mayoría absoluta. Como ha ocurrido en miércoles pasado. La ley fue rechazada por mayoría absoluta y, según el reglamento, afirman letrados que llevan años ejerciendo en el Congreso-no es el cado de Galindo, que llega desde un ministerio- no pasa a comisión sino que rechazada queda.
El problema es que en esta España en la que el sanchismo maniobra todo lo que puede con la ayuda inestimable de los cargos que ha colocado en la cumbre de las instituciones, lo que digan reglamentos y códigos se cambian a conveniencia. Y los recursos no se caracterizan por su prontitud.
Se soliviantan los sanchistas cuando se les acusa de escaso comportamiento democrático. Pero es lo que hay. Puigdemont le ha encontrado el punto a Pedro Sánchez, sabe cómo doblegarlo.