Agricultura exige ayuda para modernizar 50.000 has. de regadío

SPC
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La Consejería impulsa la instalación de placas fotovoltaicas para 80.000 hectáreas y ahorrar «entre un 42 y un 99%», y solicita al Ministerio aumentar la capacidad de regulación

Un agricultor riega sus cultivos en una localidad de la provincia burgalesa. - Foto: Alberto Rodrigo

Castilla y León reclama más ayuda del Gobierno central para modernizar 50.000 hectáreas más de regadío durante la presente legislatura, que se unirían a las 30.000 ya comprometidas por los gobiernos estatal y autonómico para estos cuatro años. Según los datos que maneja la Consejería de Agricultura, aún restan entre 110.000 y 115.000 hectáreas de regadío por modernizar en Castilla y León, pero con las 30.000 hectáreas ya comprometidas, esta cifra se reduciría hasta las 80.000. No obstante, y según reveló el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, en 'Los desayunos de Ical', la Junta cuenta con proyectos «en cartera» y con un desarrollo «avanzado» para modernizar otras 50.000 hectáreas «si el Estado tuviera mayor interés».

«Necesitamos que la Administración central mire a aquellas zonas donde necesitamos de verdad inversiones para la modernización», concretó Dueñas, que solicitó también al Gobierno una mayor gestión del agua para la cuenca del Duero ya que, cuando terminen las modernizaciones y la puesta en marcha de nuevos regadíos, con «poco más de 4.000 hectáreas por el Plan Hidrológico», Castilla y León contará con medio millón de hectáreas «en una Comunidad con 5,3 millones de hectáreas de cultivo».

Eso supone que el regadío represente apenas el diez por ciento frente a la media española, de entre el 23 y el 24 por ciento, por lo que Dueñas pidió al Ejecutivo que mire a Castilla y León «de una manera similar a otras comunidades» y permita crecer en superficie de regadío con «mayor regulación» hasta el millón de hectáreas, «el doble».
Lamentó, en ese sentido, la oportunidad perdida con el desarrollo del Plan Hidrológico del Duero 2023-2027, «que se ha aprobado en contra de todo el sector» y que mantiene la regulación en Castilla y León en el 31 por ciento frente al 218 por ciento del Guadiana o el 114 por ciento del Guadalquivir, según los datos aportados a Ical por la Consejería.

«Entre esos dos extremos tendría que estar Castilla y León», reclamó Dueñas, que pidió pasar «del 31 al 50 por ciento de capacidad de regulación» a través de iniciativas como el recrecimiento de las presas de Barrios de Luna, el Porma (León), Requejada (Palencia) y Santa Teresa (Salamanca); la regulación de las cuencas del Esla, el Cea y el Valderaduey con «pequeñas estructuras» para que «siempre haya agua»; y la construcción de «una nueva presa» o una «balsa importante».

Sin embargo, recordó el consejero de Agricultura que, para realizar estas iniciativas, necesitan del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico porque la Junta «no es competente en titularidad del agua». «Sí tenemos 60 millones encima de la mesa para que, cuando decida el Ministerio, con un convenio tradicional, con Seiasa o a través de fondos Next Generation, se quiera poner en movimiento esta modernización», concluyó, lamentando, en todo caso, que «el Gobierno central no apueste para nada».

Sistemas de autoconsumo.

En el lado opuesto a la apuesta del Gobierno situó la de la Junta para la instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico que permiten que 80.000 hectáreas se rieguen con energía procedente de las placas solares. Una cuantía superior a las 60.000 hectáreas comprometidas en el primer año de legislatura y que está permitiendo que las comunidades de regantes que se benefician de estos sistemas ahorren «entre un 42 y un 99 por ciento de consumo energético» frente a los combustibles fósiles.

Dueñas señaló así que la Consejería que dirige ha cumplido «con creces en poco más de un año» y que, por ello, ahora «queda poco» margen de instalación puesto que «ahora mismo, se podrían plantear otras 15.000 o 20.000 hectáreas, pero en casi todas las modernizaciones que se firman con las comunidades de regantes, se hace la fase de electrificación con ellos».

De esta manera, y junto a las líneas de apoyo económico de la Junta para que los agricultores pongan en marcha «sistemas que consuman menos energía» y que permitan, por tanto, un menor gasto, «no quedaría mucho recorrido» más allá de «presionar a España y Europa» para que «sea factible el consumo de energía sobrante» por parte de las comunidades de regantes, lo que les permitiría «mayor solvencia económica».

Y es que el conjunto del regadío permite abrir «alternativas de cultivo que, con un consumo bastante limitado, den una rentabilidad mayor, abriendo el abanico de posibilidades frente a los sistemas tradicionales de cereal, cereal, cereal». Apuntó entonces a las «tres líneas» marcadas por la línea de agroambientales de la propia Consejería para «que el sector fuera creciendo» en cultivos que «de verdad tienen potencialidad», y entre los que incluyó «las aromáticas, las encinas trufadas y los frutos de cáscara».