H oras después de que se hiciera oficial la victoria de Syriza en las elecciones griegas, los resultados de los comicios seguían coleando ayer en todos los medios de comunicación de Europa ante la incertidumbre del futuro que le espera al país. Y es que, a pesar de que el triunfo fue claro, con la coalición de izquierda como vencedora a falta de dos escaños de la mayoría absoluta, la pregunta que se hacía todo el mundo era: «¿y ahora, qué?»

La razón de todas las desavenencias que existen en la actualidad entre el pueblo heleno y Europa se focalizan en la deuda que el primero mantiene con la segunda y que, sumando los dos rescates recibidos desde 2010, asciende a un total de 320.000 millones de euros (de los cuales, 240.000 pertenecen a algunos de los Veintiocho territorios miembros, entre ellos 26.000 millones a España) lo que equivale al 177 por ciento de su PIB, según datos del Banco Internacional de Pagos.

Esto significa que Grecia no puede financiarse por sí misma y que tiene que recurrir a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE) para captar dinero de fuera del Estado, lo que la obliga a negociar con la Troika -formada por los dos organismos anteriores y la Comisión Europea-.

Las condiciones de austeridad que se han impuesto desde Brueselas no han funcionado como se esperaban y la economía helena se ha asfixiado hasta lograr un descontento social muy significativo. Y es por eso que el reciente ganador de las elecciones griegas, Alexis Tsiripas, ha insistido durante toda su campaña en que la austeridad se va a acabar.

Desde los organismos europeos, las respuestas a la victoria de Syriza no se hicieron esperar. Así, mientras el FMI recordaba que hay reglas internas que cumplir en la zona euro y que no se pueden  hacer categorías especiales para determinados países, otro de los miembros de la Troika, el BCE, mantuvo que solo seguirá dando liquidez a los bancos griegos si el Gobierno persiste en sacar adelante los programas de asistencia pactados entre el Estado y los Veintiocho antes de los comicios.

Asimismo, en Alemania, tanto la canciller Angela Merkel como el ministro de Finanzas germano aseveraron en días pasados que el nuevo Ejecutivo heleno tendrá que respetar lo acordado hasta la celebración de las elecciones.

Y es que ese fue el mensaje más repetido por todos los líderes de los organismos europeos, como el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que insistió en que no cree «que haya mucho apoyo en la eurozona para una condonación del valor nominal de la deuda de Grecia».

Pero no todos piensan como Dijsselbloem. Benoit Coeuré, miembro francés del comité ejecutivo del BCE, declaró en el diario alemán Handelsblatt que «no es asunto del BCE decidir si el país precisa una quita», ya que se trata de un tema que Atenas debe discutir con sus acreedores. No en vano, él mismo dejó clara la posición del organismo: «Nosotros no podemos aceptar ninguna quita que afecte a los bonos soberanos en manos del BCE. Eso es imposible por razones legales».

Mientras, el presidente de la Eurocámara, el socialista alemán Martin Schulz, apuntó que había hablado con Tsipras por teléfono tras conocerse los resultados electorales y ya le había avisado de que «no encontraremos una mayoría a favor de una quita».

Para dirimir este complicado asunto el Eurogrupo tendrá que negociar una nueva prórroga del programa de asistencia financiera griega, antes del vencimiento de la actual, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero. En caso de no llegar a buen puerto las negociaciones, desde el 1 de marzo se cerraría el grifo por parte de Europa, y el territorio heleno no recibiría el último tramo de 1.800 millones de euros del segundo rescate.

Para obtener dicha prórroga debe ser Grecia quien lo pida. Y ahí entran en juego las promesas de Tsipiras relativas al fin de la austeridad, pues las negociaciones se presentan como la clave para el futuro del país. Para afrontar estas conversaciones con garantía, Grecia cuenta con la promesa del Eurogrupo, expresada en noviembre de 2012, y en la que se comprometió a aliviar la carga de su deuda si lograba un superávit primario (sin contar el pago de intereses), que se consiguió en 2013, además de aplicar los ajustes y reformas exigidos por Bruselas.

Desde Syriza han prometido renegociar las condiciones de los dos rescates recibidos y, a la vez, cumplir las promesas de hacer frente a la pobreza que asola al país.