Los primeros días de septiembre en buena parte del país se produjeron precipitaciones intensas y persistentes asociadas a una depresión aislada en niveles altos (DANA) que generaron inundaciones en amplias zonas de la península ibérica.
Una gota fría que también se dejó sentir en Ávila, donde se registraron precipitaciones históricas. De hecho, así ocurrió en la capital abulense donde el pasado domingo se acumularon 69,2 l/m2 en apenas cuatro horas, convirtiéndose en el día más lluvioso desde hacía 34 años. Una tromba de agua que provocó balsas de agua en las calles, que llegaron a convertirse en verdaderos ríos, y también inundaciones en garajes y bajos, sin contar filtraciones y goteras en viviendas y locales. Unos daños de los que, debido a la intensidad de la precipitación, se hace cargo el Consorcio de Compensación del Seguro, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que con dinero privado atiende coberturas de los riesgos extraordinarios asegurados derivados de inundaciones, vientos de más de 120 kilómetros hora, terremotos o volcanes. De hecho, el Consorcio de Compensación del Seguro solo cubre siniestros de bienes o riesgos asegurados. Es más, los asegurados destinan una pequeña parte de lo que pagan por sus pólizas de seguros (tanto de hogar como de automóvil y otros patrimonios) a esta entidad pública empresarial que con esas aportaciones de los asegurados crea una 'hucha' que es con la que se indemnizan estos siniestros. No son los contribuyentes sino los asegurados, como precisan fuentes del seguro, quienes con sus aportaciones contribuyen a que el Consorcio de Compensación del Seguro pueda hacerse cargo de estos siniestros extraordinarios a través de lo que en el sector se conoce como «mutualización del riesgo». Por este mismo motivo, estas indemnizaciones solo están destinadas a cubrir daños en bienes que cuentan con un seguro.
Tal y como apuntan desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el CCS estima «de forma preliminar y orientativa» que en conjunto del país la última DANA podría haber dado lugar a «en torno a 10.500 siniestros de inundación a gestionar por esta Entidad Pública y con una primera estimación de coste total de entre 60 y 70 millones de euros en indemnizaciones». Se trata solo de una «estimación» que conforme se vayan recibiendo las solicitudes de indemnización por parte de los asegurados afectados se irá actualizando. Así, y aunque existe una gran dispersión geográfica en las zonas afectadas por la inundación, las solicitudes de indemnización recibidas hasta este miércoles, 6 de septiembre, se concentran en Castilla-La Mancha (en concreto, en las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real), Comunidad de Madrid y, en menor medida, en las provincias de Valencia, Tarragona y en la Comunidad Foral de Navarra.
Así, el CCS había recibido 4.025 solicitudes de indemnización, de las que 2.270 corresponden a la provincia de Toledo, 103 a la de Cuenca y 93 a la de Ciudad Real; 838 corresponden a la provincia de Madrid; 200 a la de Valencia; 197 a la de Tarragona; 69 a la de Segovia; y 52 a la Comunidad Foral de Navarra. El resto de solicitudes de indemnización se reparten entre otras 22 provincias en las que se produjeron «daños más dispersos o de menor severidad», entre ellas Ávila desde donde hasta el miércoles el Consorcio de Compensación del Seguro había recibido una veintena de solicitudes de indemnización si bien la cifra aumentará de forma importante porque la mayor parte de los siniestros se encuentran aún en proceso de peritaje.
De las solicitudes recibidas por esta entidad pública empresarial por parte de asegurados abulenses quince en total lo eran por daños causados por el temporal en viviendas, dos siniestros en vehículos y otros dos sufridos por comercios. En el conjunto del país, y por tipo de bien inundado, hasta el momento la mayor parte de las solicitudes recibidas por el CCS se refieren a viviendas y comunidades de propietarios de viviendas, con 2.564 siniestros declarados en total y el 63,7 por ciento de las solicitudes recibidas, mientras que la DANA afectó a 1.031 vehículos automóviles, cuyos siniestros representan el 25,6 por ciento del total de solicitudes de indemnizaciones recibidas. A esto se suman otras 350 solicitudes por daños en establecimientos comerciales, locales de oficinas y otros inmuebles, públicos o privados, de uso no industrial (que representan el 8,7 por ciento de las tramitadas hasta el 6 de septiembre), además de 78 en industrias y 2 obras civiles.
En el caso de vehículos automóviles inundados, el CCS indemnizará los daños causados «cualquiera que sea la cobertura del seguro que hubiera contratado el afectado siendo suficiente con tener contratada la cobertura del seguro obligatorio de daños a terceros» para tener derecho a una indemnización del CCS en el caso de daños en los vehículos causados por riesgos extraordinarios como las inundaciones.
Las solicitudes de indemnización pueden presentarse directamente por el asegurado afectado ante el Consorcio de Compensación del Seguro o, si éste lo prefiere, puede hacerlo por medio de su entidad aseguradora o a través del mediador de seguros.
Para atender las solicitudes de indemnización de los daños causados por la DANA en bienes asegurados el CCS ha designado un equipo de 154 peritos repartido por las distintas áreas afectadas, que
ya está contactando con los asegurados afectados que han solicitado la indemnización y realizando las primeras valoraciones de daños.