El presidente de gobierno alega que vivimos "una situación excepcional", que justifica la reunión entre PSOE y Junts en Suiza con un verificador internacional que controle el cumplimiento del pacto firmado entre los dos partidos. Pacto que supondrá la amnistía para los condenados por el llamado procés, más la del prófugo Carles Puigdemont.
Felipe González se ha referido al asunto en una televisión venezolana. Contrario a la amnistía, pronuncia una frase esclarecedora para quienes no entiendan la gravedad de los hechos. La amnistía, explica el expresidente, no perdona los delitos cometidos, sino que pide perdón a los que han cometido los delitos. Una humillación para España, para los jueces y fiscales que han condenado a los delincuentes, y para los que exigen que Puigdemont comparezca ante un tribunal. Más humillante aún porque este gobierno acepta las exigencias de quien promovió una declaración ilegal de independencia, huyó a Bélgica escondido en un maletero, ha creado en "el exilio" un pseudogobierno republicano e independentista y ha promovido una violencia callejera que algunos jueces consideran actos terroristas. Ahora quiere el fugado que observadores internacionales controlen el cumplimiento de los acuerdos a los que ha llegado con el gobierno. Y el gobierno acepta. El que debería comparecer ante la justicia, por pactar con delincuentes, con un rebelde, es el presidente de gobierno.
No cabe decir que España vive una situación tan excepcional que obliga a decisiones excepcionales, como por ejemplo aceptar que un verificador internacional opine sobre un asunto interno español, pactado entre españoles -sí, Puigdemont y los junteros son españoles, mal que les pese- y que se reúnan en territorio extranjero. La situación excepcional es que gobierne un político que ha incumplido lo que defendía en su programa y en la campaña electoral cuando intentaba captar votos, asegurando que una amnistía era inconstitucional y que llevaría a Puigdemont ante la justicia española. Un presidente que está presionando a miembros del Tribunal Constitucional para que aprueben una ley de amnistía cuando él mismo, y esos miembros del TC, se han hartado de decir que una amnistía no cabe en nuestra Constitución; un presidente que ha vendido los principios que recoge el texto constitucional para adaptarlos, o intentar adaptarlos, a las exigencias de quienes ponían precio a sus votos en la investidura; un presidente, por último, que está utilizando al Fiscal General del Estado para bloquear iniciativas que no convienen al gobierno. Tan es así que el pleno del CGPJ, ha declarado al Fiscal General "no idóneo" para cumplir sus funciones. Al gobierno le es indiferente: pone el acento en que el CGPJ lleva 5 años en funciones. Sí. Pero bien que lo utiliza cuando, por ejemplo, lo necesita para que elija a los vocales del TC que le corresponden.
Jamás un gobernante ha caído gran bajo, jamás la mayoría de los españoles hemos sentido tanta vergüenza y dolor por el alcance de las fechorías políticas cometidas por un presidente.