A principios de 2016 Sebastián C. L. estaba a la espera de entrar en prisión tras haber sido condenado por un delito que tanto él como su familia, defendían, no había cometido. Habían agotado todos los recursos y el Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial con lo que su entrada en la cárcel era inminente pese a haber solicitado incluso el indulto. Al conocer su situación, Fernando I. O, con el que tenía cierta amistad por coincidir en las fiestas de los pueblos de la comarca del Corneja, le habló de unos abogados que llevaban varios asuntos a su familia y que, casualmente, estaban al frente de la Asociación de Víctimas del Sistema Judicial Democrático Español. Ante su situación desesperada Sebastián mantuvo un encuentro con José Javier P. M. y Ana María C. A., presidente y vicepresidenta de la citada asociación de lucha contra los fallos de la justicia, que le aseguraron que denunciando a su abogada por mala praxis se volvería a abrir el procedimiento y él podría salir de la cárcel. Aunque se trataba de una asociación sin ánimo de lucro, en aquel encuentro que se celebró en una nave que su entonces amigo Fernando tiene en Madrid, los responsables de esta asociación le dijeron a Sebastián que este proceso le costaría unos 42.000 euros en vez de los 100.000 que suele costar pero que «en dos o tres meses» conseguirían ponerle en libertad. La familia pagó pero el joven no salió de la cárcel y desde la citada asociación no se hizo nada porque, según aseguró la Guardia Civil, la misma «no tenía actividad».
Este miércoles José Javier P. M. y Ana María C. A., supuestamente pareja, estaban citados en la Audiencia Provincial de Ávila como investigados por un delito de estafa, si bien el varón no se presentó por encontrarse en paradero desconocido, también María, la hermana de Fernando. Para ambas mujeres, que negaron su autoría en los hechos, atribuyéndose la culpa la una a la otra mutuamente, la Fiscalía pedía una pena de prisión de seis años, que finalmente en el caso de la segunda rebajó a dos al quedar demostrado durante el juicio, como apuntó el fiscal, que pese a ser «responsable» de un delito de engaño no se lucró de esta estafa algo que a su entender sí hizo Ana María C. A., para quien mantuvo la petición de pena de seis años de privación de libertad como autora de un delito de «engaño recurrente» y de «estafa reiterada».
Al igual que hizo durante la fase de instrucción, tampoco declaró en este juicio la vicepresidenta de la citada asociación amparándose a su derecho de no hacerlo, si bien en las únicas palabras que pronunció en esta vista se declaró «totalmente inocente», asegurando que no hizo «nada ilegal» y que actuó «de buena fe», y que todo lo que hizo fue porque se lo pidió la otra investigada.
También «totalmente inocente» se declaró María I. O. quien durante todo el juicio defendió que los otros dos acusados «me utilizaron, a mí y a toda mi familia» y aseguró no haberse lucrado con nada.
Durante el juicio, María I. O explicó cómo conoció a los otros dos acusados, asegurando que ambos le dijeron que eran «abogados». Fue un amigo de su hermano el que les habló de ellos en un momento en el que su padre, ya fallecido, tenía problemas con el otro socio de su empresa por lo que José Javier se ofreció a emprender una querella criminal contra éste por «administración desleal» . Unos problemas que, afirmó la acusada, no eran tales sino que «generaron» los otros dos acusados para perpetrar su estafa. «Confiaba ciegamente en ellos», aseguró María para explicar por qué en un momento dado acudió con ambos a una sucursal del Banco Sabadell en Alcobendas para abrir una cuenta a su nombre y poner de autorizada a Ana María a la que, aseguró, entregó tanto la cartilla como la tarjeta de crédito de la misma porque supuestamente en esa cuenta debían de ingresar las cantidades que iban a conseguir recuperar del socio desleal. «Estaba ciega, creí firmemente en lo que me decían», dijo también para justificar la firmar un poder notarial a favor de la otra acusada.
Curiosamente los pagos que la familia de Sebastián realizó para poder sacar a su hijo de la cárcel se hicieron en esa cuenta que María I. O. aseguró no había vuelto a mirar hasta que en octubre de 2016 la Guardia Civil se puso en contacto con ella para comunicarle que nueve coches de alta gama matriculados a su nombre habían sido denunciados por un particular por estar estacionados en plazas privadas de un loft de Ventorro del Cano (Alcorcón) de lo que, aseguró, no tenía constancia. La investigada afirmó que ahí se enteró de la estafa, si bien reconoció que tiempo atrás José Javier le había dicho que si podía poner unos vehículos a su nombre por un tiempo porque tenía «un cargo en Podemos» y que «no quedaba bien tener coches de alta gama», a lo que ella asintió.
Tras la identificación de esos vehículos a nombre de terceras personas (no solo se encontraron esos nueve), la Guardia Civil inició una investigación que le llevó a Ana María y José Javier, ya que, afirmaron los agentes que declararon, todas las personas que figuraban como titulares de esos vehículos apuntaron que recibían ayuda de la Asociación que presidían ambos. Tras ponerse en contacto los agentes con María I. O. ésta les contó que tiempo atrás abrió una cuenta en la que puso de titular a la ahora investigada, dirigiéndose al banco a cancelarla, momento en el que, aseguró la también acusada, descubrió que la familia de Sebastián había realizado distintos ingresos bancarios, el último días atrás, de 8.000 euros, que procedió a devolver. La investigación policial confirmó que durante ese tiempo fue José Javier el que retiró todas las cantidades que se habían ido ingresando por parte de la madre del joven y de otras personas de su entorno. Así fue también como la madre de Sebastián se enteró de que había sido objeto de una estafa y que los responsables de la asociación eran «estafadores profesionales» y por eso procedió a denunciar.
«Esta persona fue utilizada. La tenían de alguna forma cogida para que hicieran lo que ellos querían», aseguraron los agentes al hablar del papel de María I. O. en toda esta trama, a la que definieron como «víctima» y animaron a denunciar porque «estas personas estaban utilizando su identidad y empresas abiertas a su nombre para cometer hechos delictivos».
No tuvo tan clara la inocencia de María I. O. la madre de Sebastián quien en su declaración afirmó que fue ésta la que en una de las ocasiones le dijo que tenía que ingresar 10.000 euros para que los otros dos pudieran sacar a su hijo de la cárcel. «Yo no sé si María estaba al tanto de la trama», afirmó la testigo que también apuntó que estando declarando ante la Guardia Civil Ana María C. A. la llamó por teléfono para decirle que tenía que ingresar a un abogado con el que ellos le habían puesto previamente en contacto los 8.000 euros que la otra acusada le había devuelto. Este letrado también declaró como testigo asegurando que tras comentarle José Javier P. M. y Ana María C. A, a la que tenía alquilada una vivienda, el caso de este joven de la comarca de Piedrahíta se entrevistó con la madre de éste con la idea de presentar un recurso de revisión en el Supremo que durante la vista no quedó claro si al final llegó a presentar o no. «Renuncié a todo», afirmó para negar que cobrara ninguna de las cantidades que supuestamente sí sacó de la cuenta para fines lucrativos el acusado.
«Cosas que no me cuadraban». «Había cosas que no me cuadraban. Nos daba largas y yo le exigía; solo quería ingresos», aseguró por su parte la novia de Sebastián, que también declaró como testigo y a quien José Javier P. M., a través de un burofax, pidió a la madre del joven que dejara de involucrarse en este asunto. «María quería convencernos de que era muy buen abogado, que confiáramos», dijo también la joven acerca de la otra acusada cuya inocencia puso en duda el fiscal por creer que intervino «de forma consciente y exigiendo dinero» y por entender que una persona con su formación no entrega a un tercero una tarjeta bancaria de una cuenta a su nombre que supuestamente se ha abierto para que el socio de su padre realice ingresos.
Al término del juicio, que quedó visto para sentencia, la defensa de Ana María C. A., además de negar que hubiera engaño por parte de su representada, solicitó que el atestado de la Guardia Civil fuera declarado nulo por estar «lleno de subjetividad» y llamar a su cliente «estafadora». «Se han extralimitado en sus funciones», dijo el letrado que incluso acusó a los agentes de «un presunto delito de falso testimonio».