La Delegación Territorial de la Junta en Ávila hizo pública la declaración desfavorable de impacto ambiental del proyecto de explotación minera de la sección c) 'Madueña nº 1149', que afecta a los términos municipales de Casas del Puerto y Bonilla de la Sierra y está promovido por Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles, S.L. En la citada declaración, publicada este viernes en el Bocyl, se señala que, previo «informe desfavorable» de la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial, procede «no autorizar el proyecto de explotación minera de concesión directa 'Madueña 1149'», sumándose así al rechazo a este mismo proyecto que se produjo hace medio año por parte de la Comisión de Patrimonio por afección indirecta a elementos patrimoniales.
Precisamente en la declaración se detalla esa posible afección indirecta a varios bienes de interés cultural, como el Conjunto Histórico-Artístico de Bonilla de la sierra, la Iglesia-colegiata de San Martín y el Castillo de Bonilla de la Sierra. Así, se apunta que las superficies afectadas por el proyecto superan el triple de la propia superficie del Conjunto Histórico de la localidad, «existiendo línea visual directa» desde ambos frentes de explotación. Además, se considera que la documentación aportada por el promotor para acreditar la falta de afección a los bienes de interés cultural, pese a los «reiterados requerimientos», resulta «insuficiente e imprecisa».
A la «afección visual inherente a la explotación» se suman, apuntan, «el impacto causado al entorno por la planta móvil de tratamiento, que ocupa una extensión de mil metros cuadrados, siendo precisa una excavación a media ladera para la nivelación de las distintas máquinas», y el «efecto» debido a los acopios, así como «las pistas interiores y los arcenes de acceso» que necesitarían los camiones de transporte.
También se señala el proceso de restauración del terreno, que se llevaría a cabo «colmatando los huecos de la extracción con el propio material estéril generado» del que, aseguran, podría haber «un déficit» y que «dejará cicatrices en un entorno natural, histórico y patrimonial que ha permanecido inalterado durante milenios». «Ello conlleva una afección negativa al conjunto de los bienes arqueológicos y etnológicos que forman parte del sistema territorial de patrimonio histórico y cultural en el que se ubican los bienes de interés cultural protegidos», se añade en la declaración.
En el tramo final también se hace referencia al ámbito temporal de la explotación, que se tendría que conceder por 30 años con dos posibles prórrogas de 30 años cada una, tiempo durante el cual «el titular podría ejercer sus derechos sobre la explotación, independientemente de sus previsiones iniciales» sobre las necesidades de producción.
Por ello se concluye que este proyecto «implica una afección visual negativa sobre los bienes de interés cultural, sostenida durante un prolongado periodo de tiempo, unida a una alteración espacial del entorno» y que resulta «incompatible con los valores sobre los que se fundamentó su declaración y con su entorno patrimonial, que debe ser preservado».