Villarejo y Camps, pendientes de sentencia

Agencias
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La Audiencia Nacional encara el año con la vista puesta en el proceso por el 'caso Tándem', la apertura de juicio al expresidente valenciano o la investigación por espionaje al Gobierno

El comisario jubilado se enfrenta en los próximos meses a tres procedimientos en su contra. - Foto: Sergio Pérez (EFE)

2023 será un año de intenso trabajo en la Audiencia Nacional, que entra en el nuevo año con la vista puesta en la primera sentencia del caso Villarejo, con la continuación de uno de los juicios en los que se desdobla la trama Púnica y con las pesquisas abiertas sobre asuntos como el espionaje al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el software Pegasus o como el envío de cartas explosivas a sedes del Gobierno o a la base aérea de Torrejón de Ardoz, entre otros. Además, el 23 de enero comenzará, después de sufrir retrasos, el juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009. La Fiscalía Anticorrupción pide que Camps sea condenado a dos años y medio de cárcel.

En el caso Tándem, donde se investiga si el comisario jubilado José Manuel Villarejo se valió de su posición de funcionario policial para investigaciones privadas, se conocerá la sentencia para las piezas Land, Pintor y Iron. La vista oral comenzó el 13 de octubre de 2021 ante un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Ángela Murillo y del que formaron parte los magistrados Fermín Echarri y Carmen Paloma González.

Además, este 2023 será por fin el año en el que se celebre el primer juicio de Lezo, una causa que se abrió en 2016 y que hasta ahora no se ha materializado en una vista oral con posibles condenas. Este juicio está señalado para el próximo 24 de mayo y se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un «sobreprecio» a costa de las arcas públicas.

En cuanto al juicio que se viene celebrando desde noviembre de la pieza del caso Púnica relativa a León, se espera que en este año ya comparezcan en vista oral los principales acusados. En concreto, se sientan en el banquillo el supuesto conseguidor de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, y dos excargos del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de Gabinete Pedro Vicente Sánchez.

Se enfrentan a penas de entre ocho y cinco años y medio de prisión por los trabajos de reputación on line y asesoramiento de Martín Marcos, y por la adjudicación de contratos para la estación de esquí de San Isidro.

La Audiencia Nacional celebrará desde el 9 de enero el primer macrojuicio programado, que sentará en el banquillo a 47 presuntos miembros y colaboradores de una rama de Los Ángeles del Infierno, imputados de más de una decena de delitos que van desde la organización criminal al tráfico de drogas.

Ya en marzo, tendrá lugar el juicio a los 92 miembros de los Miami, una banda que introdujo en España para su distribución por Europa al menos 7,5 millones de toneladas de cocaína y blanqueó además decenas de millones de euros. 

 

Pegasus

Más allá de las vistas orales que celebre la Audiencia Nacional, en los últimos meses han trascendido asuntos que durante este 2023 seguirán candentes en los juzgados de instrucción. En concreto, proseguirá la investigación del espionaje a miembros del Gobierno con el software Pegasus y el envío de cartas explosivas.

En el primer asunto, el juez empezó a investigar el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles de Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

También indaga desde noviembre el envío de una serie de misivas que contenían material pirotécnico. Fueron remitidas al jefe del Ejecutivo, a la Embajada de Ucrania, a la de Estados Unidos en Madrid, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a la Base Aérea de Torrejón y al Ministerio de Defensa.