«Si todos estamos dispuestos a cumplir la ley y las sentencias de los tribunales nada hay que temer» señaló ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ser cuestionada por la proposición de ley que presentó horas antes el PP en el Congreso para reformar el Tribunal Constitucional y dotarle de «instrumentos suficientes» para que haga cumplir sus sentencias y sancione a los infractores. Una vía para castigar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante la intención del líder catalán de iniciar los trámites para la independencia si en las elecciones regionales del 27 de septiembre ganan las listas independentistas. Los populares pretenden que se lleve a cabo por el procedimiento de urgencia para que esté aprobada antes de que acabe la legislatura, incluso, solo una semana después de los comicios autonómicos.

En concreto, el Tribunal de Garantías, señala el texto del PP, «podrá imponer multas coercitivas» de entre 3.00 y 30.000 euros, e incluso «acordar la suspensión de las autoridades públicas responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la nación, aún en funciones, la ejecución sustitutoria». Es decir, la Justicia no solo podrá imponer al president una sanción económica, si no que también podrá suspender a Mas como jefe del Ejecutivo catalán y abrirle un proceso penal.

Pese a que la intención parece clara, Sáenz de Santamaría no se refirió en ningún momento a Artur Mas ni al desafío independentista, pero resulta obvio que lo tenía en mente. No hay que temer, remarcó, a una reforma que pretende que el Constitucional pueda «garantizar el cumplimiento» de sus propias resoluciones. «Lo normal», añadió, «es que las Administraciones las cumplamos; lo que no es habitual es que no se ejecuten» y que «alguien considere que está por encima de la ley y de las sentencias de los tribunales».

En tono didáctico, la vicepresidenta explicó que la medida busca reforzar «los mecanismos del Estado de derecho», porque, si bien el Tribunal de Garantías «adopta todo tipo de resoluciones», la parte referente al mecanismo de ejecución «no estaba desarrollada más que en una serie de principios generales». Por eso, rechazó las críticas de la oposición, a la que aconsejó que «antes de pronunciarse» debe «leer bien las proposiciones, saber lo que implican, conocer el derecho comparado y, sobre todo, tener presente una cosa: en un Estado de Derecho la última palabra la tienen los tribunales de Justicia».

El Grupo Parlamentario Popular pretende dotar al Constitucional de capacidad de reacción ante una eventual declaración de independencia de Cataluña por parte del Parlamento autonómico. Por eso, van a tramitar la reforma de tres artículos de la Ley Orgánica del propio órgano jurídico (artículos 83, 87 y 92) por el procedimiento de urgencia y en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión. De esta manera, el PP espera que la toma en consideración de la proposición de ley se produzca en el pleno que comienza el 15 de septiembre para que quede aprobada en la Cámara Baja la siguiente semana. De ahí saldrá al Senado para su aprobación definitiva antes de la disolución de las Cortes, que está prevista para octubre.

¿Por qué ahora? La vicepresidenta no quiso vincular esta decisión con la situación que se vive en Cataluña y señaló que «cualquier momento es bueno», porque la legislatura «sigue funcionando hasta que se disuelvan las Cortes». Más directo fue el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando quien argumentó que «hace cuatro años no había una situación como ésta, donde se presentan juntos en una lista los que dicen que quieren romper España». Por si había dudas, el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, lanzó una advertencia: «La broma se ha terminado».

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró en una reunión a puerta cerrada de su Grupo en el Senado que lo que buscan es establecer un «cauce» para garantizar que las sentencias del Constitucional se cumplan. Y negó que se trate de una medida electoralista.

Unas palabras que no convencieron a la Generalitat, que consideró que es una maniobra de cara al 27-S y «un claro acto inconstitucional». De hecho, fuentes del Ejecutivo catalán anunciaron que si el Parlamento aprueba la medida, sus servicios jurídicos analizarán acudir al propio Tribunal de garantías para recurrirla. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados», subrayaron.

Quien no se manifestó fue el president que podría tratar este tema hoy en su comparecencia en el Parlament donde, en principio, deberá explicar el registro policial en la sede de CDC y la fundación CatDem, y, por otro lado, argumentar las razones que le llevaron a avanzar las elecciones catalanas al 27-S, que es para lo que pidió personarse en el Hemiciclo.