Un perito cifra en 67M€ el "precio de mercado" de la Perla

SPC
-

Este valor contrasta con otra tasación encargada por Urban Proyecta un año antes y que concluye con un precio de 66 millones

Un perito cifra en 67M€ el "precio de mercado" de la Perla - Foto: Europa Press

Un informe pericial establece en casi 67 millones de euros "el precio de mercado" del polémico Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), más conocido como 'La Perla Negra', cifra no muy alejada de los 60 millones (52 más IVA) que Gesturcal desembolsó por su adquisición y que está siendo investigada en la Audiencia de Valladolid en el juicio iniciado a finales de febrero.

En su comparecencia a propuesta del principal encausado y quien, entre otros cargos más, fuera viceconsejero de Economía en la época investigada, Rafael Delgado, el perito Alexis Merino ha ratificado tanto el informe sobre el inicial valor de arrendamiento del edificio como el posterior emitido sobre el precio de compra del inmueble, que sitúa en una horquilla de entre 60 y 72 millones pero que ha precisado en 66.683.000 euros, cálculo realizado sobre la base de la capitalización de rentas a abonar por los arrendatarios.

El precio calculado sería por un edificio de 'La Perla' "ya terminado, compartimentado y dispuesto para el uso por el que fue adquirido", tal y como ha explicado el perito, cuyo informe tampoco no se aleja mucho del aportado por un perito propuesto por el Juzgado de Instrucción número 2 en el que dicho experto ha venido a indicar que la valoración pudiera superar los 60 millones.

Este segundo perito, José Antonio Concejo ha cifrado en 58 millones de euros su precio de mercado "con una precisión de un 90 por ciento", de ahí que no haya descartado que la valoración final del inmueble pudiera haberse incrementado en un 15 por ciento y superado los 60 millones de no haber aplicado en su estudio factores correctores de homogeneización a la baja.

El experto también se ha referido a la operación de compra de terrenos en Portillo para un polígono industrial que nunca llegó a ejecutarse, capítulo en el que, sin incluir el IVA correspondiente ni el Impuesto de Transmisiones de la operación, el declarante ha subrayado el valor de las parcelas por su "potencialidad en cuanto a desarrollo" y su "buena comunicación" que impulsaban a sus propietarios a no estar dispuestos a deshacerse de ellas a un "precio ordinario", pese a su consideración inicial como mero suelo rústico.

Por su parte, el ya exauditor de la mercantil Price Waterhouse (PWC) Miguel San Jurjo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha ratificado que la compra de terrenos en Portillo por ADE Parques en 2010 partió de un estudio de viabilidad efectuado "de forma razonable" y "de acuerdo con prácticas de mercado", como así lo atestiguaría una tasación de Tinsa, también analizada en un segundo informe, que establece una diferencia de más de 100.000 euros en favor de la sociedad compradora sobre el valor del bien adquirido.

LOS ACUSADOS EMPIEZAN A DECLARAR EL 24 DE ABRIL

El juicio sigue este martes, a partir de las 10.00 horas, con nuevos testimonios. Aunque el 11 de abril estaba previsto que dieran comienzo las testificales de los encausados, finalmente el tribunal, de conformidad con las partes, ha resuelto posponer dicho trámite hasta el 24 de abril, fecha en la que los primeros en declarar serán los exaltos cargos de la Junta Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán.

El proceso judicial investiga la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.