El programa político del nuevo gobierno de España se fundamentará en un pacto entre el PSOE y ERC que corroe las instituciones, ataca la igualdad de todos los españoles y refuerza el marco discursivo de los independentistas que mostraba algunos síntomas de agotamiento. La materialización del acuerdo implica una voladura controlada del principio de lealtad constitucional tanto en la justificación que se intuye de la futura ley de amnistía como en los aspectos financieros y de gestión.
El texto conocido, que adelanta los argumentos para la amnistía, deslegitima a los órganos jurisdiccionales ordinarios – a los que acusa de agravar la tensión institucional y social – y al Tribunal Constitucional al que culpa de la crisis catalana y le desautoriza por cumplir con la función de intérprete supremo que le encomienda la Carta Magna. Por el contrario exculpa a quienes pusieron a la sociedad catalana al borde del abismo justificando su actuación en una presunta colisión de legitimidades y contraponiendo una supuesta voluntad popular a la soberanía nacional cimentada en el normal funcionamiento de las instituciones y de los preceptos constitucionales. De seguir esa lógica, para evitar otro choque de legitimidades, si una mayoría de españoles se pronunciara contra la ley de amnistía, el Alto Tribunal se vería abocado a declararla inconstitucional con independencia de sus argumentos.
También en la parte financiera y de gestión, el acuerdo ataca el principio de igualdad al establecer un sistema asimétrico en la condonación de la deuda que beneficia la irresponsabilidad de una comunidad que sistemáticamente ha priorizado las estrategias identitarias en su política de gasto y castiga a las que coadyuvaron con su contención a evitar la intervención el país en la peor crisis económica en un siglo.
Pero, además, lo hace erosionando el sistema institucional denigrando los órganos de decisión establecidas en las leyes -el Consejo de Política Fiscal y Financiera – y consagrando la bilateralidad como procedimiento para la negociación de un sistema de financiación que debe ser común a todas las autonomías. No es una anécdota, por lo que tiene de categoría, que los firmantes se atrevan a dejar escrito que, aunque las competencias en investigación científica y técnica sean exclusivas de la Comunidad, el Estado se obliga a transferir a la Cataluña una cantidad anual – no inferior a 150 millones de euros – para «el pleno desarrollo» de la misma, un argumento que podrían utilizar -habrá que ver con qué éxito- el resto de territorios en otras materias como la Sanidad y la Educación, claramente infrafinanciadas.
Jurídicamente, el acuerdo explora los límites de la legalidad pero políticamente constituye un desprecio hacia los poderes del Estado y hacia el resto de comunidades en aras a una hipotética reconciliación con Cataluña, aún a costa de ahondar, más si cabe, en la división entre los españoles.