«Dado que la nueva corporación municipal ha mostrado su intención de cambio y sus ganas de trabajar», la portavoz del grupo municipal de IU, Montserrat Barcenilla pedía al equipo de Gobierno que haga un control más exhaustivo de las concesiones que se hagan a diferentes empresas dado que la falta de control lleva a que «se originen problemas que al final paga el ciudadano» (en lo económico y en la merma del servicio que se presta).
Barcenilla se refirió a varios asuntos pero especial hincapié hizo en el nuevo servicio de transporte turístico.Estima que aunque no estaba marcada una fecha, el servicio comenzó en noviembre y hasta hace escasos días no ha llegado el tranvía definitivo y de hecho «sólo ha llegado la mitad» pues está a falta de un segundo vagón. En el pliego se recogía que la empresa debería aportar un vehículo de repuesto y en ese punto IU se preguntaba que si el tranvía definitivo ha tardado casi un año cuánto tiempo tardará el de repuesto.
Recordaba Barcenilla que en el pliego de condiciones se hablaba de anclajes para las sillas de ruedas y pictogramas en pro de la accesibilidad y en este punto les han asegurado que se habilitarán en ese segundo vagón que aún no ha llegado. También se habló fue rememorando de sujecciones infantiles que al parecer ahora no hacen falta, decía, por la escasa velocidad que alcanza este transporte;o del pago con tarjeta que aún no es posible o de la colocación de una máquina expendedora de billetes que tampoco ha llegado. Dado que «estamos a tiempo» reclamaba ese control por parte del Ayuntamiento pues consideraban que a la empresa se le valoró por una serie de mejoras que si ahora no se hacen sería «competencia desleal» con el resto de las que concurrieron. Además recuerdan que a la anterior concesionaria de este servicio se le revocó la autorización precisamente por incumplir las condiciones pactadas.
No fue éste el único ejemplo que puso IU sobre falta de control en las concesiones de diferentes servicios por parte del Ayuntamiento, también habló de los Servicios Funerarios, de la explotación del matadero o de la prestación del servicio en el 88 Torreones. Se referían sobre todo a la tardanza en la presentación por parte de las empresas concesionarias de la documentación (sobre todo económica) que les requería el Ayuntamiento y que en ocasiones tardaba años en llegar pese a ser obligatorio.