A Pedro Sánchez le ha salido el tiro por la culata. El Tribunal Supremo ha frenado las maniobras para librar de todas las condenas a los golpistas del "procés". La secuencia es conocida. A cambio de que ERC aprobara los Presupuestos Generales de 2023 forzó la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar las penas por malversación. Dijo en público que era un compromiso personal. La intención era que Oriol Junqueras, el líder separatista que previamente había sido indultado, pudiera presentarse a las elecciones. Desaparecida la sedición y laminada la pena por malversación todo parecía engranar. Lo de menos era la crudeza, la inmoralidad de semejante trueque político.
Pero en eso estaban aunque no contaban con que todavía hay jueces España. Sin ir más lejos en el Tribunal Supremo que en un auto de respuesta a la petición de revisión de penas sobre las sentencias del "procés" la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena, por unanimidad, considera que, aunque ha desaparecido el delito de sedición, Oriol Junqueras sigue condenado por desobediencia en concurso real por malversación por lo que mantiene la pena integra de los 13 años de inhabilitación a la que fue condenado.
El auto del Supremo va más allá. Traza una inquietante radiografía sobre la indefensión del Estado ante una eventual repetición de hechos similares a los ocurridos en 2017. Copio un párrafo: "La creación de un marco de ruptura territorial que preparara la secesión de una parte del territorio del Estado, incluso acompañados de actos multitudinarios que condujeran a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de las decisiones gubernativas que intentaran ponerle término, serían ajenas al derecho penal".
La conclusión, inquietante a todas luces, es que las maniobras de aprendiz de brujo de Pedro Sánchez han dejado inerme al Estado ante un nuevo intento de los separatistas. La supresión de la sedición les allana el camino para volver a hacerlo tal y como han reiterado en más de una ocasión. Bastaría con que esta vez se lo montaran como hizo Gandhi en la India. Claro está que nada impediría en el futuro restaurar en el Código Penal la figura del delito de sedición, pero eso sería tarea de otro gobierno. Habrá, pues, que esperar hasta conocer el veredicto de las urnas.