Que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal. Esa es la definición que la RAE recoge de la palabra disminuido. Un sustantivo que en breve desaparecerá de la Constitución Española para ser sustituido por personas con discapacidad después de que el pasado jueves el Congreso de los Diputados, en un pleno extraordinario, aprobara la tercera reforma de la Carta Magna para eliminar de su artículo 49 este término de carácter peyorativo que se mantenía invariable desde 1978 pese a las reivindicaciones del colectivo.
A falta de que ahora el Senado apruebe el texto, lo que es de esperar teniendo en cuenta que en la Cámara Baja el mismo salió adelante con 312 votos a favor y 32 en contra y que PSOE y PP han acordado no aceptar enmiendas de otros grupos parlamentarios, las asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad coinciden en mostrar su satisfacción por una reforma que, dicen, va más allá del lenguaje.
«Desde el movimiento asociativo Plena Inclusión, al que pertenece Pronisa, hace años se viene reclamando esa acomodación que va más que más allá de cambiar una palabra», reconoce Jaime Rodríguez, gerente de Pronisa, al hablar de esta reforma parcial de la Constitución Española con la que también se acomoda ese artículo «a la realidad social y a la normativa internacional que rige ahora en nuestro ordenamiento jurídico y en concreto a la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad».
«No podemos más que felicitarnos por el cambio, porque además de eliminar esos términos despectivos esta reforma supone también un reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad que desde luego siguen siendo especialmente vulnerables», prosigue el gerente de Pronisa que también valora positivamente esa referencia explícita a la accesibilidad universal que recoge el nuevo articulado y que «abre también un abanico de oportunidades para las personas con discapacidad y para la reivindicación de derechos en esa materia de la facilidad universal».
Rodríguez va más allá y apunta que la nueva redacción del artículo 49 de la CE supone «un reconocimiento» a las organizaciones que trabajan en este campo y «facilita la participación de las mismas en la elaboración de políticas y de legislación que vaya también acorde pues a la realidad social de estas personas». «Es un paso histórico positivo para el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad», afirma Rodríguez antes de apuntar que si bien es cierto que con esta reforma la CE se adapta a una terminología que ha ido cambiando con los años y que ahora es «acorde con los tiempos y respetuosa» con este colectivo lo ideal sería que la denominación fuese personas, sin apellido. «Personas que necesitan una serie de apoyos como los podemos necesitar cualquiera en nuestra vida diaria», concluye Rodríguez.
«El lenguaje al final es la manera que tenemos de expresar las ideas y dependiendo de las palabras que utilices trasladas tu idea y la construyes en la otra persona», apunta por su parte Mar Rodríguez, presidenta de la Asociación Abulense de Síndrome de Down, al hablar de la supresión del término disminuido de nuestra Carta Magna y de la importancia de la terminología para el mundo asociativo. «Ha sido una reivindicación muy antigua. Llevamos años insistiendo en que se utilicen términos que sean lo más positivos posible y en eliminar todos aquellos que con el tiempo cogieron una connotación negativa o que la tenían ya de por sí», prosigue Mar para quien «hablar de menos válido cuando son personas que se están superando día a día y que cada día, en cada momento, nos están dando un ejemplo de superación, tenía muy poca lógica».
«No es lo mismo hablar de una persona con discapacidad que hablar de una persona disminuida o de una persona menos válida porque esos conceptos implican ya de por sí personas simplemente que valen menos», reflexiona la presidenta de Down Ávila que entiende que cuando se emplean esos términos peyorativos en el fondo se está otorgando «menos dignidad y menos derechos» a estas personas.
Coincide Mar Rodríguez con el gerente de Pronisa en valorar positivamente el resto del nuevo articulado de la CE y ese compromiso por «favorecer lo máximo posible desde los estamentos públicos la inclusión, la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas en igualdad» y también de que «exista accesibilidad real y completa, porque eso está a medio camino».