Las expectativas sobre la obra pública anuncian que 2022 será un buen año para la inversión en infraestructuras en Castilla y León. El volumen de la licitación en la primera mitad del año, que tradicionalmente es más negativa que la segunda, anticipa un ejercicio en el que podrían salir al mercado actuaciones con un presupuesto de 1.600 millones de euros, muy por encima de los 1.462 millones previstos. De confirmarse, sería el primer ejercicio en años en el que las administraciones no solo cumplen con lo previsto en sus presupuestos, sino que superan lo comprometido a principios de año, según la estimación de la Cámara de Contratistas de Castilla y León a la que tuvo acceso Ical. Su presidente, Enrique Pascual, dio por seguro que se rebasará la cifra de 2021, cuando se licitaron 1.376 millones, con la posibilidad de rondar los 1.600 millones.

A pesar del aumento en la contratación, el empresario y presidente de la Cámara de Contratistas advirtió de que se sigue registrando un déficit de inversión en infraestructuras en Castilla y León. De hecho, remarcó que en la época 'dorada', previa a la anterior crisis, se llegó a la cifra récord en la Comunidad de 4.500 millones. No obstante, defendió que la autonomía, por su tamaño, debería contar con unas cifras anuales de 2.500 millones de inversión.

En cualquier caso, los empresarios de la obra pública prevén que el segundo semestre sea todavía mejor que el primero, cuando las administraciones licitaron 1.387 obras, con una inversión de 735,62 millones, de los que más de la mitad corresponde a la Junta. Enrique Pascual aseguró que habitualmente los gobiernos aprietan el acelerador en los últimos trimestres para cumplir con lo anunciado, lo que se traduce en numerosos concursos públicos.
Por ello, frente a los 'nubarrones' que algunos institutos y centros de estudios económicos anuncian sobre la economía, los contratistas esperan captar en esta segunda mitad del año cerca de 1.000 millones en obra pública. Esto, explicó Enrique Pascual, ayuda a crear empleo y arrastra la actividad de la industria auxiliar, lo que remarcó impulsa la actividad económica.

Primer semestre

Según el informe de la Cámara de Contratistas, hasta un 2,5 por ciento creció la licitación oficial de obras en el primer semestre del año dentro de la Comunidad, gracias al tirón de la Junta de Castilla y León, que incrementó sus inversiones un 156,1 por ciento, hasta alcanzar los 415,1 millones, a través de 427 concursos públicos.

Por el contrario, según el mismo documento, la Administración del Estado redujo sus licitaciones un 62,4 por ciento, hasta los 134 millones, lo que contrasta con los 356,6 millones de un año antes. Además, las entidades locales, que aportan el 25 por ciento, también recortaron un 6,2 por ciento su volumen de contratación, hasta los 840 millones.

La obra civil acapara dos de cada tres euros

Las estadísticas que maneja la Cámara de Contratistas de Castilla y León relativas al primer semestre de este año también está detallado por provincias. Así, y atendiendo a esta clasificación, desvela que Ávila se llevó casi 35 millones, un cuatro por ciento menos, mientras en Burgos se rozaron los 103 millones, un 58 por ciento más. En el caso de León, la licitación se disparó un 165,9 por ciento, hasta los 214 millones.

También creció un 12,1 por ciento en Soria, hasta los 64 millones; un 48,5 por ciento en Valladolid, hasta los 109,3, y un 82,8 por ciento en Zamora, hasta los 65. Sin embargo, se redujo un 82,8 por ciento en Palencia, hasta los 39,9 millones; un 26,9 por ciento en Salamanca, hasta los 60,6 millones y un 39,1 por ciento en Segovia, hasta los 28,9 millones. Además, se contabilizaron 16,5 millones sin provincializar.

Finalmente, de los 735,6 millones, 247,2 millones corresponde a la edificación y 488,5, a la obra civil. Además, 38,1 millones salieron a concurso con el criterio económico como principal filtro de la licitación, frente a los 591,4 millones en el que aplicó una cesta con varios elementos.  Además, otros 73,4 millones siguieron la fórmula de encargo a medios propios y 32,6 millones a contratos menores y negociados