Rezagados en la transición energética

P. Velasco
-

Castilla y León no cuenta con ningún cargador para coches eléctricos de alta potencia en las áreas rurales, como recoge un informe de Ecodes sobre la red de recarga

Un vehículo eléctrico cargando en uno de los puntos nuevos colocados en la provincia de Burgos. - Foto: Miguel Ángel Valdivieso

Ningún territorio es ajeno al impulso de la movilidad eléctrica que permita una transición energética. Sin embargo, la inexistencia de una adecuada red de lugares donde cargar las baterías de estos vehículos es una de las barreras principales para que aumente su presencia en las vías españolas. Esta circunstancia no se refiere solo a la existencia de un lugar donde enchufar el coche a una red de suministro de energía, sino a que esta carga se pueda realizar de forma eficiente, especialmente en términos de tiempo. Un estudio elaborado recientemente por la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y el Observatorio de Sostenibilidad, bajo el título 'Infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en España', pone en evidencia que la red ha crecido en el último año, aunque constata que se está dejando atrás al medio rural, especialmente en la alta potencia (mayor a 150 kW) y con casi siete de cada diez puntos de recarga ubicados en áreas urbanas.

Castilla y León es un claro ejemplo de la situación que describe el estudio realizado por Ecodes, ya que las áreas rurales no cuentan con ningún cargador para coches eléctricos de alta potencia, mientras que en las zonas urbanas sí se contabilizan 46 y otros 53 están en las carreteras de primer orden. Esta situación refleja como las áreas rurales de interior se quedan atrás frente a las urbanas o turísticas que atraen la mayor parte de la inversión, todo ello pese a que Castilla y León es la tercera comunidad que tiene mayor proporción de su red de carreteras principales en tramos de más de 60 kilómetros, solo superada por, Castilla-La Mancha y Aragón.

El informe recuerda que existen dos tipos de cargadores: de alta potencia (superan los 150 kW) y de baja potencia (entre 0 y 149 kW). Esto quiere decir que cuanto mayor es la potencia del cargador, más rápido se llena la batería del coche. A pesar de ello, no todos los vehículos pueden utilizar el mismo tipo de cargador.

Puntos de carga

En Castilla y León se contabilizan un total de 636 puntos de carga que se encuentran repartidos entre carreteras de primer orden (170), áreas urbanas (337) y áreas rurales (129). Los conectores de baja potencia se encuentran la mayor parte en las carreteras principales (518) y en las áreas urbanas (838), siendo las áreas rurales las más rezagadas (243).

En el caso de los 99 conectores de alta potencia en la Comunidad, hay más desproporción porque no existe ninguno en las áreas rurales y la mayoría se sitúan en las carreteras de primer orden (53), mientras que en las áreas urbanas hay 46, como recoge el estudio.

Estas cifras reflejan que la situación de la red de alta potencia es «muy desfavorable». El 86 por ciento de la red principal está en tramos de más de 60 kilómetros entre alta potencia, el quinto peor puesto del ranking de todas las comunidades, mientras que solo el 1,9 por ciento de la red principal está menos de 10 kilómetros de un punto de carga rápido.

El informe de Ecodes también recoge que aunque la mayoría de las áreas urbanas disponen de conectores de alta potencia, hay varias que todavía adolecen de estos cargadores y a pesar de que la Comunidad es atravesada por varios de los ejes de comunicación más importantes del norte de la Península, los conectores rápidos son escasos, llegando a no haber ninguno en la provincia de Soria. También hay núcleos importantes que no disponen de ningún cargador rápido en sus áreas urbanas como son Aranda de Duero y Miranda de Duero en Burgos, Palencia, Ponferrada en León, Segovia y Soria. 

Las conclusiones de este análisis son que Castilla y León es la Comunidad con peor relación superficie/conectores rápidos, con un valor de 952, solo superado por Castilla-La Mancha y Aragón. La Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Cataluña, en este orden, continúan siendo las más avanzadas en este ámbito.