Castilla y León sigue sin implementar ayudas propias para combatir la sequía, aunque desde la Junta aseguran que «merece la pena» esperar a cerrar un acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias sobre las medidas que la Comunidad pondrá en marcha para hacer frente a las dificultades a la que se enfrenta el campo derivadas de la falta de agua. Lo que se pacte será aprobado por el Consejo Regional Agrario, que sigue sin fecha para reunirse, y el Consejo de Gobierno de la Junta. «Nuestra voluntad es el diálogo», manifestó ayer el portavoz autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que defendió en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que el «esfuerzo» por lograr el «consenso» y el «acuerdo» sobre estas políticas lleva «más tiempo». En este sentido, auguró que «merece la pena» porque implica a todas las partes y se recogen todas las «voluntades», no sólo las de la Junta.
El portavoz regional contestó de esta forma a las preguntas sobre la ausencia de medidas concretas tras la celebración la pasada semana de un Consejo Agrario en el que las opas criticaron la actitud del Ejecutivo autonómico. Fernández Carriedo aseguró que seguirá dialogando con los sindicatos agrarios para establecer los «cauces más adecuados» para definir la estrategia que se seguirá en Castilla y León para dar ayuda a los agricultores y ganaderos de la Comunidad «en los ámbitos más necesarios».
«Nuestra voluntad es el diálogo», reiteró el consejero portavoz, quien insistió en que en la Junta son «muy conscientes» del «problema» que tiene el campo ante la falta de lluvias, pero recordó que siempre han estado «del lado» de los agricultores y los ganaderos y que en Castilla y León «nunca les han dejado solos». Por último, según informa Ical, recordó que en la última reunión del Consejo Agrario se planteó pedir al Gobierno «igualdad» en el «trato» a todos los territorios en las ayudas, para que no haya «distingos» hacia unas comunidades u otras en función de la ubicación de las explotaciones. «No encontrábamos motivos para que los agricultores y ganaderos tengan unas ayudas diferentes a las que tienen en el sur».
Cumplir la ley del aborto
El portavoz autonómico también salió al paso de la carta remitida este miércoles por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y garantizó que la Junta de Castilla y León va a cumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y consideró compatible garantizar el derecho a las mujeres que así lo decidan con la objeción de los profesionales sanitarios. Fernández Carriedo no quiso entrar en más precisiones, a las que se refiere la carta de la ministra, como que se realice en el hospital público más cercano a su residencia, o que se contraten médicos no objetores con el aborto si no existe ninguno en los hospitales públicos de Castilla y León.