Los trabajadores de Justicia acordaron este martes «por amplia mayoría» en las asambleas celebradas por toda España mantener la huelga indefinida así como «intensificar las medidas de presión contra el Gobierno». En Ávila, sin embargo, la opinión mayoritaria de los funcionarios que acudieron a la asamblea fue la de dejar la huelga, siendo una de las pocas provincias en desmarcarse de la corriente general de seguir presionando para tratar de mejorar las condiciones laborales del colectivo. En Ávila, de hecho, los paros han ido perdiendo fuelle y si hace un mes los secundaban el 60% de los funcionarios, el porcentaje «ha bajado mucho» y «ya no supera el 25%», según reconoce Carlos García, el presidente de la Junta de Personal de Justicia.
No obstante, y pese al «desánimo» de los funcionarios de Justicia en Ávila, que fue a más «desde las Elecciones Municipales y tras la convocatoria de las Generales», la huelga continúa y sus efectos, también. Con la pandemia y la huelga de letrados de la Administración de Justicia (ya desactivada) muy recientes, la situación está muy lejos de normalizarse. «La Justicia de ordinario está colapsada, hay mesas con cientos de escritos pendientes» porque «cuando haces servicios mínimos solo atiendes a asuntos de áreas concretas, por ejemplo la violencia de género, y otros no los tocas. Hay juzgados que están colapsados y los abogados y procuradores ya lo están notando», detalla Carlos García, quien habla de despachos que «lo están empezando a pasar mal» porque, al faltar ese trabajo administrativo, muchos procesos quedan en suspenso y «no les entra dinero».
En este marco, no se vislumbra solución al problema, ni siquiera con una huelga a medio gas a la que siguen llamados cerca de 200 funcionarios de todos los partidos judiciales y las agrupaciones de juzgados de paz de Ávila y para la que se contemplaron desde su inicio «servicios mínimos brutales». «Tenemos el problema añadido de que varios juzgados de Ávila vuelven a ser Junta Electora o que no se puede hacer huelga en los registros civiles», explica el presidente de la Junta de Personal, quien lamenta especialmente la instrucción que acaban de recibir desde la Gerencia Territorial de Burgos (que depende del Ministerio) por la que «nos han limitado el derecho fundamental a las vacaciones» en julio y agosto, tanto a los huelguistas como a los que no lo son. «Esto va a suponer que la situación va a ir a peor en septiembre, cuando nos empecemos a ir», destaca Carlos García, visiblemente molesto.
No es el único. El martes el comité de huelga, formado por UGT, CCOO, CSIF y STAJ, ya habían acusado al Gobierno de «negarse a negociar». En un comunicado conjunto recogido por Ical, denunciaron que «el incomprensible y despótico desprecio de los responsables del Ministerio de Justicia por la negociación colectiva y por las reivindicaciones del colectivo ha alcanzado límites que no son tolerables en democracia y que deben ser atajados por el propio presidente del Gobierno».