La ley de residencias, que regulará con su entrada en vigor un nuevo modelo en la atención a sus usuarios y en los cuidados de larga duración en Castilla y León, está lista para su aprobación en el Pleno de las Cortes, al que llegará sin el consenso entre los grupos parlamentarios, pese a la petición expresa de apoyo formulada desde el Grupo Popular, si bien la oposición cree que está lejos de las demandas de las personas a las que se dirige. La norma, cuyo título es 'proyecto de ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León', es un compromiso de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, recoge «el aprendizaje» de la pandemia y prepara a los centros ante una situación de salud pública.
El proyecto de ley ha completado el debate en la ponencia y en la comisión y está listo para su inclusión en el orden del día del Pleno de las Cortes, donde se presentará con un dictamen aprobado solo por los socios de PP y Vox, en contra de PSOE y Francisco Igea y la abstención de UPL-Soria Ya, cuando el texto remitido por la Junta nace de un «consenso básico» con asociaciones, colectivos y expertos. La regulación, que no prohibición de las restricciones a usuarios de estos centros, los controles de calidad de las residencias, la ubicación de centros residenciales para personas con discapacidad por enfermedad mental mayoritariamente en municipios de más de 20.000 habitantes o capitales de provincia o los plazos para que la ley «no se quede en una declaración de intenciones» se han defendido como 'líneas rojas' por la oposición.
Fueron 214 las enmiendas parciales presentadas por los grupos, de las que el PP ha recogido 59, unas en su literalidad y otras con transacción, mientras que 121 siguen vivas para el pleno, en concreto 71 del PSOE, 21 de Igea, 18 de Soria Ya y 11 de UPL. Las 18 registradas por el procurador de Podemos, Pablo Fernández, decayeron al estar ausente y no defenderlas en la Comisión.En su llamamiento en la comisión a los grupos para apoyar la norma, el portavoz popular de Familia, Miguel Ángel García Nieto, recordó la «cordialidad» y la voluntad de acuerdo con que se ha desarrollado el debate de las enmiendas y subrayó que ha habido «más encuentros que desencuentros».
Precisamente, destacó el popular que han admitido un 54 por ciento de las enmiendas de Soria Ya (24 de 42 presentadas); otro 50 por ciento de las de UPL (16 de 27 registradas); tres, de 27, en el caso de Igea, y 18 del PSOE, de 96 presentadas. También, se incorporaron dos del PP en relación al régimen transitorio de la acreditación de centros, por el que se mantendrán las acreditaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, según informa la Agencia Ical.
Líneas rojas de la oposición
«Se regula el uso de las sujeciones, pero no se prohíben», advirtió Francisco Igea, mientras que García Nieto, que se mostró en contra, argumentó que será «siempre excepcional y temporal, y cuando hayan fracasado el resto de medidas alternativas y hubiera un riesgo para la persona usuaria o terceros». Las procuradoras Vanessa García (Soria Ya) y Alicia Gallego (UPL) incidieron en no limitar los centros de personas con discapacidad por enfermedad mental a localidades de más de 20.000 habitantes en una Comunidad con escasos núcleos con esa población. «En Soria solo está la capital», recordó la parlamentaria sorianista. «Tenemos serias dudas de qué hacer con esta ley», alegó la procuradora leonesista, que situó la voluntad más en su grupo que en el PP, argumento no compartido por García Nieto, quien replicó que los acuerdos requieren de las partes y calificó de «alto» el nivel de entendimiento con UPL.
Más diferencias se evidenciaron con el Grupo Socialista. «La ley no cumple con las demandas de las familias, usuarios y colectivos», resumió Isabel Gonzalo, que lamentó que el PP no quiera fijar plazos en su desarrollo y se pueda quedar en «una declaración de intenciones», pero García Nieto destacó la transacción para que en ocho meses, desde la entrada en vigor de la norma, se apruebe el desarrollo reglamentario de las ratios de profesionales que deben tener estos centros. Apoyo total recogió el PP de su socio de Vox. «Es una ley buena».